Ante el nuevo rechazo de la terna para elegir al Fiscal General de la Nación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional le pidió a esa corporación que elija.
A través de un comunicado de prensa, el presidente de la República, Álvaro Uribe, insistió en que no cambiará a Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina, como los opcionados a Fiscal, y reiteró su confianza en las capacidades de los aspirantes.
"El Gobierno Nacional reitera los tres criterios que se tuvieron en cuenta para conformar dicha terna: Competencia legal, legitimidad e idoneidad", señaló César Mauricio Velásquez, encargado de leer el comunicado.
EL COMUNICADO
"Respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no elegir Fiscal General de la Nación a partir de la terna presentada por el Presidente de la República, el Gobierno reitera los tres criterios que se tuvieron en cuenta para conformar dicha terna: competencia legal, legitimidad e idoneidad.
1. Competencia legal. El Presidente de la República tiene la función constitucional y legal de conformar la terna para elegir Fiscal General de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia de elegir a este funcionario entre los candidatos de dicha terna.
2. Legitimidad. Durante los últimos siete años y en el marco de la política de Seguridad Democrática, el Gobierno Nacional ha enfrentado sin declive y sin distinción alguna a todos los criminales, lo cual se traduce en la reducción de los delitos y del terrorismo en general. Los ternados garantizan la continuidad y compromiso en la lucha contra el crimen.
3. Idoneidad. El Presidente de la República examinó la idoneidad de las personas incluidas en la terna, bajo cinco elementos: competencia académica, competencia profesional, trayectoria laboral, capacidad decisoria para enfrentar a todos los criminales y capacidad gerencial para dirigir una entidad como la Fiscalía con más de 20 mil funcionarios.
El Gobierno solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia proceder a la elección del Fiscal General de la Nación, evitando así la omisión en el cumplimiento de su obligación constitucional.
El Universal / 24 de septiembre de 2009