Por Gloria María Borrero*
La justicia por estos días está siendo objeto de una nueva propuesta de reforma. Para la Corporación Excelencia en la Justicia, es importante que el tema se debata en el Congreso, cualquiera que sea su alcance, pues son varios los ajustes que ella requiere. Esperamos que la iniciativa del Gobierno no se convierta en un nuevo amague, que lo único que ha logrado en el pasado es el blindaje político de las instituciones amenazadas. 
Los aspectos incluidos en la propuesta no resuelven los problemas de nuestra justicia. Parece más bien una reforma para fortalecer aparentemente al Poder Judicial y para satisfacer apetitos burocráticos - yo cedo, tu cedes - distrayendo del debate temas principales como el acceso a la justicia de los más pobres, la calidad y oportunidad de la justicia, la seguridad jurídica, la racionalización del sistema, la productividad judicial, la politización de la justicia - pues hay politización también judicial -, la penalización de conflictos, el respeto por la justicia, la reubicación de la Fiscalía, el acotamiento de las vías de hecho, la simplificación de los procedimientos y la coherencia del mapa judicial.
La CEJ promotora del Sistema Penal Acusatorio, abogó oportunamente durante su trámite por la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento en la Corte Suprema y la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura, para poner estos procesos a tono con los nuevos principios. Se trata ahora de conseguir el esquema más acorde con nuestra arquitectura institucional.
Nos viene a la memoria los debates sobre la cooptación que se dieron en la Asamblea Constituyente e incluso antes y recordamos cómo le hizo daño a nuestra justicia este sistema, cómo se encerró en sí misma la Rama Judicial y cómo fomentó el clientelismo judicial, el cual hoy no se supera. Vemos con preocupación cómo se cruzan favores entre las Cortes, la Fiscalía, la Procuraduría, los Tribunales y el Congreso, como ha venido haciendo carrera que los ex magistrados o magistrados de una Corte pasan de una a la otra y ahora hasta al Viceministerio de Justicia. La postulación de los magistrados de las Cortes debe ser más abierta y transparente, con condiciones conocidas y en ella deben participar la academia y otras fuerzas vivas. Por eso no nos gusta la iniciativa de volver a la cooptación pura. Igualmente es importante subir la edad de ingreso a las altas Cortes, como lo propone el Gobierno, pero porque no pensar en nombramientos vitalicios?
El esquema actual de integración de la Corte Constitucional, por la naturaleza de sus funciones nos parece el adecuado; en él deben seguir participando las tres Ramas del Poder Público. No nos parece entonces apropiado que el Gobierno ceda sus derechos de postulación.
La Fiscalía debe trasladarse a la Rama Ejecutiva para consolidar el sistema penal acusatorio y como dice Jaime Granados, el nombramiento del Fiscal correspondería al Presidente, con el veto del Senado por impedimentos.
Hemos respaldado la autonomía administrativa de la Rama Judicial como una garantía para la independencia en las decisiones judiciales, y como observadores permanentes del Consejo Superior de la Judicatura consideramos que esta institución y el gobierno judicial requieren reformas de fondo. Para aportar al debate proponemos que: i) El Consejo Superior conformado por los Presidentes de las Altas Cortes, el gerente de la Rama Judicial y otros dos miembros, no magistrados sino especialistas en administración de justicia, ojalá no abogados, nombrados por la Academia y por los empleados de la Rama Judicial. ii) La representación del Poder Judicial a cargo de una sola persona, el Presidente del Consejo Superior que debe ser uno de los 3 presidentes de altas Cortes , nombrado para un período de por lo menos 3 años y con reducción significativa o sin carga jurisdiccional. iii) La sala administrativa no tendría seccionales. iv) Creación de un instituto de administración judicial presidido por el gerente de la Rama Judicial. v) Autonomía administrativa de la Escuela Judicial.
La reforma a la justicia debe ser más profunda y pensando en el ciudadano. Son muchos los aspectos que hay que tratar no solo constitucional sino legislativamente. El fortalecimiento de la justicia y no solamente la que está a cargo de los jueces, debe ser una política de Estado y la mejor prueba del compromiso del Presidente Uribe, en esta nueva etapa de relaciones con la Rama Judicial, es el restablecimiento del Ministerio de Justicia.
*Directora Corporación Excelencia en la Justicia.