El Ministro del Interior dijo que los tres candidatos sí reúnen los requisitos y que la Corte, gústele o no, tendrá que elegir a uno. Ayer el tribunal, después de dos meses de estudio, rechazó a los candidatos.

Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior y de Justicia, dice que la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la terna de postulados a Fiscal General por considerar que no reunían las condiciones para aspirar al cargo, no tiene discrecionalidad para tomar esta decisión y tendrá que decidirse por alguno de los tres, ya que todos cumplen con los requisitos que exige la Constitución.

Dice el ministro Valencia que la decisión de escoger la terna es exclusiva del presidente Álvaro Uribe, y ninguna otra rama del poder público debe meterse a opinar o decidir quién puede ir o quién no.

"Es función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia elegir al Fiscal General de la Nación de la terna enviada por el Presidente de la República, sin que en esta escogencia pueda interferir otra rama del poder público", aseguró Valencia.

Agregó que el Presidente "actuó con la máxima diligencia" al verificar que tanto como Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio "cumplieran con las más altas calidades profesionales y personales".

Para el ministro Fabio Valencia Cossio, basta con "ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; ser abogado; y o haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o en el ministerio público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

El ex fiscal Mario Iguarán, quien terminó su período el pasado 31 de julio, fue reemplazado por su segundo al mando, Guillermo Mendoza Diago, quien hoy ya completa 48 días de interinidad en su cargo.

De esta manera, el gobierno da entender claramente que no cambiará a sus candidatos para la Fiscalía General, y le pide a la Corte Suprema que se decida por alguno de los tres "conforme a su obligación constitucional, evitando así un quebrantamiento del orden institucional".

Semana / 18 de septiembre de 2009