Por: Salud Hernández-Mora
La terna para Fiscal no tiene presentación. Igual sucedió alguna vez en el pasado y aun así escogieron uno. La tradición, cuando es nefasta, sería mejor abolirla, pero hablamos de leyes en un Estado de Derecho y, mientras no las cambien, hay que cumplirlas.
Suena bien que la Corte rechace la lista, que la devuelva para que propongan otra, pero no puede hacerlo. La Constitución señala que debe nombrar a uno, aunque no les guste ninguno de los tres platos, salvo que incumplan los requisitos. Y todos, hasta la fecha, están capacitados a la luz de la Carta Magna.
Si ya de por sí nunca es bueno que un ex ministro de Defensa sea Fiscal, menos ahora que Álvaro Uribe pretende perpetuarse. En administraciones anteriores, un Presidente proponía aspirantes que ejercerían en el siguiente mandato, con lo cual la independencia estaba garantizada, al menos en apariencia. Pero si Uribe continúa otros cuatro años más y Camilo Ospina ocupa el cargo referido, tendría credibilidad cero, parecería un peón del Ubérrimo y todas las decisiones que tuvieran que ver con el Gobierno, sus cercanos o militares de la época, quedarían bajo sospecha. Pero la Corte Suprema no debe prejuzgar y adelantarse al futuro. La Constitución no se lo permite.
Juan Ángel Palacio, a quien propuso el ministro Fabio Valencia Cossio -el Presidente ni lo conocía- era el favorito. Los magistrados lo veían como uno de los suyos, no ofrecía grandes resistencias y era mejor opción para ellos que Ospina. Su suerte cambió cuando le sacaron un esqueleto del armario, chiquito, sí, pero esqueleto (grabaron las famosas conversaciones cuando era un abogado de a pie y no magistrado del Consejo de Estado). Y es funesto asumir un cargo de semejante calibre con sospechas sobre su honorabilidad. El Fiscal no solo tiene que ser honrado -algo que no siempre ha ocurrido- sino parecerlo. Pero tampoco lo pueden eliminar de la lista. La ley señala que sólo si está condenado no es apto. Y no lo está; archivaron su caso.
Peor para él si no renuncia y sigue amarrado a su ambición, llevándose por delante su disminuido prestigio y la Fiscalía de la Nación. Cada día que pasa, su imagen se chamusca más y anima la fiesta de su estimado archienemigo, el procurador Alejandro Ordóñez, que estará celebrando su caída en desgracia. Dicen en la Corte Suprema que la Procuraduría y la Fiscalía debían conocer que Juan Ángel Palacio estaba investigado. Si así fuera, habría que preguntarle a Ordóñez las razones por las cuales no avisó al Presidente a tiempo, si es que lo consultaron. ¿Prefirió que el ex compañero, con quien se enfrentó a muerte en el Consejo de Estado, se abrasara en público?
Queda la mujer, que aspira a alcanzar su nivel de incompetencia. Lo demostró en su lamentable presentación televisada. No hay por qué dudar de su buen hacer profesional, pero una cosa es ser una discreta abogada de éxito y otra, manejar un potro desbocado como la Fiscalía. Lo lógico sería descartarla. Aun así, los magistrados de la Corte no podrían rechazar la terna por ser flojo uno de sus integrantes. Ella cumple los requisitos y eso, así suene ilógico, es lo que importa para la Constitución del 91.
La solución soñada sería que uno renunciara para dar paso a otro trío. Pero los finales felices sólo ocurren en las películas empalagosas y no en un campo de batalla. Prefieren morir con las botas puestas.
La interinidad de Mendoza Diago es nefasta para la Justicia porque la Fiscalía se paraliza. Pero no lo pueden nombrar en propiedad porque la Constitución dice claro que en la elección de Fiscal intervienen dos autoridades y ninguna sustituye a la otra. Sería inconstitucional que la Corte designara un Fiscal de forma transitoria y cualquier ciudadano podría demandarla incluso por prevaricato. Tienen que elegir entre lo que hay.
Estamos fregados.
El Tiempo / 20 de septiembre de 2009