UNA SINSALIDA QUE SE VEÍA VENIR
La Corte ya dijo que la terna propuesta por la Casa de Nariño es inviable y el Gobierno se ratificó en la nómina de postulados. Este pulso puede durar semanas y hasta meses sin resolverse. Los roces entre el Ejecutivo y el alto Tribunal aumentarán aún más, sobre todo por casos como el proceso a Mario Uribe y los proyectos para quitarle poderes a la máxima instancia penal
EL NUEVO roce entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno Uribe es un capítulo más dentro de una larga historia de desencuentros del máximo tribunal jurisdiccional y la Casa de Nariño. Y, como en anteriores ocasiones, esta última polémica se veía venir.
Desde el mismo 7 de julio, cuando el Ejecutivo remitió la terna de aspirantes a Fiscal General, se preveía que más temprano que tarde se produciría un nuevo contrapunteo entre la Corte y el Presidente. No hay que olvidar que en la antesala de ese hecho no fueron pocas las controversias en torno a que la Casa de Nariño se inclinaría por lo que ha dado en llamarse "un fiscal de bolsillo" y que éste podría, eventualmente, convertirse en la piedra en el zapato para el avance de varios procesos penales clave, como los de la parapolítica y la yidispolítica, que siempre han sido jalonados por el alto Tribunal, en tanto que en el ente acusador terminaron dilatados.
Ello explica, entonces, la desazón que se produjo cuando la Casa de Nariño dio a conocer los nombres de los tres postulados. Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina. La primera, abogada penalista antioqueña, que trabajó con el presidente Uribe en sus épocas de Gobernador; el segundo, ex magistrado del Consejo de Estado; y el tercero, ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex ministro de Defensa de este Gobierno.
Sin embargo, las reservas iniciales frente a cada uno de esos tres nombres aumentaron por dos hechos puntuales. De un lado, la exposición que cada uno de ellos rindió, en audiencia pública, ante los 23 magistrados de la Corte. Allí quedó claro que la abogada Uribe no tiene la suficiente trayectoria y bagaje necesarios para ocupar la jefatura del ente acusador. Palacio, en cambio, tuvo más fluidez en materia de temas penales y mucho fondo por su experiencia en la rama judicial, su gestión como magistrado y catedrático. En tanto que Ospina también demostró conocimiento pero era obvio que el hecho de ser ex ministro de este Gobierno ponía de entrada su autonomía en duda.
Pero vino un segundo hecho más complicado. Con grabaciones a bordo, se conocieron denuncias contra Palacio, acusándolo de haber, presuntamente, preguntado a un magistrado auxiliar del Consejo de Estado por un proceso que se lleva en el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo. El caso terminó incluso en la Fiscalía pero fue archivado pese a la evidencia de los audios. Días después también aparecieron más versiones periodísticas poniendo en tela de juicio las actuaciones del ex magistrado.
A la par de ello, también comenzó a circular una versión en torno a que Ospina habría tenido relaciones en el pasado con el conocido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, que ha sido investigado en varias ocasiones por relaciones con los paramilitares, pero ningún proceso ha prosperado en su contra. Aunque el controvertido empresario publicó una carta negando los señalamientos a Ospina, al parecer esa rectificación se convirtió en una especie de "abrazo del oso" para las aspiraciones del ex ministro de Defensa.
Inamovibles
La suma de esas dos situaciones fue la que llevó a la Corte Suprema a evidenciar que por más que los tres postulados cumplieran con el mínimo de requisitos constitucionales y legales exigidos para ser Fiscal General, las dudas y reservas morales y éticas que se cernían sobre dos de ellos, y la notoria inexperiencia de la tercera, deberían llevar a cambiar la terna. Incluso, en la Casa de Nariño se llevó a cabo una reunión, en donde la cúpula de la Corte le planteó directamente al presidente Uribe el tema. También hubo una carta de los magistrados al jefe de Estado. Pero la respuesta en ambas ocasiones del Gobierno fue la misma: la terna no se cambia.
Ni siquiera las declaraciones de magistrados como Jaime Arrubla Paucar advirtiendo que un bloque amplio de integrantes del alto Tribunal consideraba que no había terna y, por lo tanto, no se podía proceder a votar, lograron mover al Gobierno, como tampoco a ninguno de los tres postulados, a quienes desde varios sectores nacionales se les pidió que renunciaran para forzar a una nueva nómina de aspirantes y, por esa vía, acelerar la elección del nuevo Fiscal General, más aún en medio de las críticas que empezaron a caer sobre el jefe del ente acusador encargado, Guillermo Mendoza, por los cambios que estaba realizando en la entidad. La cuestión llegó al punto que éste último urgió la elección pronta de su reemplazo, advirtiendo incluso que él renunciaría antes de octubre en cualquier caso.
Escenario complicado
El escenario de ese tira y afloje se complicó más debido a cinco circunstancias puntuales: la investigación preliminar que la Corte abrió contra 86 parlamentarios uribistas por haber votado, presuntamente, de manera irregular el proyecto de referendo reeleccionista; las duras críticas de algunos congresistas por el allanamiento a las residencias de dos senadores (a uno de los cuales se le encontraron mil millones de pesos en efectivo), en el marco de la investigación por la feria de Notarías con que se habría premiado a los parlamentarios que apoyaron la primera reelección; el proyecto de reforma constitucional que La U anunció, primero, para revivir la inmunidad parlamentaria, y, luego, para crear una especie de tribunal especial que juzgue a senadores, Representantes y altos funcionarios, quitándole esas facultadas a la Corte Suprema; la recuperación de ámbito jurisprudencial de ésta última, que decidió retomar todos los procesos penales de ex congresistas que habían pasado a la Fiscalía porque los sindicados renunciaron al fuero; y, por último, las nuevas denuncias sobre más espionaje del DAS a los magistrados así como amenazas de muerte a varios de los juristas por parte de sectores oscuros, situación que, incluso, el presidente del alto Tribunal, Augusto Ibáñez, advirtió que ya estaba preocupando a la Corte Penal Internacional.
En medio de semejante alud de acontecimientos y las polémicas que de ellos se derivaron, sobrevino lo previsible: tras varias rondas de discusión entre los 23 magistrados, el jueves pasado Ibáñez informó que la terna era inviable para votarla, ya que 13 juristas insistían en que los postulados no cumplían con el perfil que se requiere. Si bien no se devolvió la terna, pues no se produjo un acto administrativo en ese sentido, fue claro que la Corte advirtió tácitamente que mientras no se reformule por parte de Presidencia la nómina de aspirantes, no se procederá a elegir nuevo Fiscal.
Y como también era previsible, el Gobierno reaccionó el viernes a primera hora, reiterando que no cambia la terna y que la Corte debe cumplir con su deber constitucional de proceder a la escogencia respectiva.
Lo que viene
En esa instancia iba el pulso al cierre de la semana. Prever qué puede pasar en los próximos días es imposible. La Corte debe agendar más sesiones para tratar el tema, pero ello no significa que proceda a la elección, ya que el mismo bloque de 13 magistrados que considera inviable votarla la terna, se mantendría inamovible.
El Gobierno puede insistir en su nómina de postulados pero está claro que de ellos saldrá el nuevo jefe del ente acusador.
Mientras tanto, ya se abrió el debate en torno a quién puede designar al reemplazo del Fiscal General: si la Presidencia como máxima cabeza del Ejecutivo, o el alto Tribunal, como cabeza jurisdiccional y ente nominador. Los juristas se inclinan por esta última alternativa, e incluso aseguran que ya un bloque de magistrados busca dejar a Mendoza hasta octubre y de allí en adelante nombrar como Fiscal encargado al actual vicefiscal Fernando Pareja, quien tendría muy buen recibo en la Sala Penal.
El encargo, según la interpretación que algunos expertos hacen de la ley 938 de 2004, que contiene el estatuto funcional de la Fiscalía, puede durar hasta seis meses. En ese orden de ideas, el actual limbo en la jefatura del ente acusador bien podría ir hasta abril o mayo del próximo año.
En el entretanto, los roces entre el Gobierno y la Corte seguramente aumentarán por situaciones como la retoma de los procesos de ex parlamentarios acusados de parapolítica, como es el caso del ex senador Mario Uribe, primo segundo del Jefe de Estado. Igual generará más de una controversia bilateral lo relativo a las investigaciones a los 86 parlamentarios que votaron el referendo en diciembre pasado y la evolución que tomen en el Congreso los proyectos para recortarle facultades y competencias al alto tribunal.
Lo más grave de toda esta situación es que la incertidumbre afecta gravemente la estabilidad funcional de la Fiscalía, la entidad que no sólo tiene a su cargo procesos muy delicados, como el de las chuzadas del DAS, sino que tiene que acelerar todo lo relativo a Justicia y Paz.
Como se ve, el vía crucis va para largo y, por ahora, no se ve solución a la vista.
El Nuevo Siglo / 20 de septiembre de 2009