Por Miguel André Garrido, Colprensa

Debate. La Corte Suprema de Justicia devolvió la terna que le presentó el Gobierno después de dos meses de haberla recibido. Hasta el momento el fiscal (e), Guillermo Mendoza Diago cumple ya 50 días de interinidad en su cargo.
Archivo / El País
Las maltrechas relaciones entre el Gobierno colombiano y la Corte Suprema de Justicia sufrieron esta semana otro duro golpe, que ahondó las diferencias y dejó en el aire una amarga sensación de que se avecina un choque de trenes.

El florero de Llorente fue la terna para la elección del Fiscal. El alto tribunal desestimó a los candidatos presentados por el presidente Álvaro Uribe por considerar que ninguno cumple con los requisitos académicos y profesionales para el cargo.

El Gobierno respondió el viernes con firmeza y se sostuvo en que la terna, entregada hace ya dos meses, es la única que recibirá la Corte y que de allí debe salir el nuevo Fiscal General de la Nación.

Hasta ahora ese primer ‘round' lo va ganando el Ejecutivo. Según expertos en el acontecer político, aunque los requisitos para ser elegido Fiscal sean flexibles, son claros y todos los ternados los cumplen.

Los analistas consideraron que la única salida que le queda a la Corte Suprema de Justicia es la elección de uno de los nombres sugeridos por el Primer Mandatario.

Otros sectores, sin embargo, respaldan las dudas del alto tribunal, por lo que proponen dos salidas a la crisis institucional: la primera, relacionada con la comprensión por parte del Ejecutivo al cual le sugieren la elaboración de una nueva baraja de nombres.

La segunda, con mayor número de seguidores, está relacionada con un llamado a los aspirantes (Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe) para que ante este panorama se hagan a un lado y pueda superarse la polémica entre ambos poderes.

Primer choque

El primer golpe de esta pelea lo dio la Corte y el ejecutor fue su presidente, Augusto Ibáñez, quien la semana pasada calificó de "inviable" el resultado del llamado test de elegibilidad propuesto para evaluar a los candidatos.

Ibáñez afirmó que "ninguno de los tres aspirantes, en criterio de la Sala Plena, cumple con las calidades, calificaciones y destrezas" que debe tener el Fiscal General de la Nación.

La respuesta desde el Gobierno fue tajante: "Cuando el señor Presidente presenta la terna para elegir Fiscal General, no hay margen de discrecionalidad para la Corte Suprema, cuya decisión está condicionada únicamente por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución", señaló el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.

"Es función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia elegir al Fiscal General de la Nación de la terna enviada por el Presidente de la República, sin que en esta escogencia pueda interferir otra rama del poder público", concluyó Valencia al dar por terminada la discusión.

Elegir o elegir

"Este tema no es de viabilidad o inviabilidad, sino de cumplir los requisitos legales", consideró el penalista y catedrático Iván Cancino al desestimar las declaraciones de la Corte Suprema, en cuanto a las calidades personales y profesionales de los aspirantes a Fiscal General.

"Si no hay un motivo definitivo que elimine a alguno de los candidatos por falta de requisitos constitucionales o de ley, es muy difícil que se bloqueen las votaciones", consideró Cancino.

A esta postura se sumó el penalista Abelardo de la Espriella, para quien es claro que "la Corte no tiene la potestad legal para rechazar la terna por cuanto los candidatos cumplen los requisitos legales", por lo que en su concepto el único camino que le queda a la Corte es cumplir con la elección.

En la otra orilla está el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien consideró que "para el ejercicio del cargo de Fiscal se requiere que se reúnan unos requisitos mínimos de exigencia, en cuanto a su idoneidad, para semejante responsabilidad".

Esta última evaluación, según el ex magistrado, es la que le corresponde asumir a la Corte Suprema debido a la importancia del cargo que se está queriendo suplir, "éste -dice- es trascendental para la administración de justicia y para el país y en caso de no cumplir con la idoneidad requerida debe devolver la terna".

"Al elaborar la terna, el Presidente debe tener cuidado con los candidatos que selecciona. Entre tanto la Corte es la que se debe encargar de calificar si los nominados cumplen los niveles de elegibilidad, de lo contrario puede pedir el cambio de la terna", agregó Hernández.

Sin embargo, el politólogo y profesor de la Universidad Nacional Alejo Vargas cree que si eso es así el cambio "debió haberse hecho desde el principio, casi de inmediato, si no cumplían los requisitos".

Por el centro, y en un tono más conciliador, Jaime Bernal Cuéllar, ex procurador general de la Nación, consideró que "si hay una motivación seria, el señor Presidente debe revisarla y aportar sus criterios, y dado el caso proponer nuevos nombres que tengan la condición de penalistas y constitucionalistas".

La salida

En ese sentido, el ex magistrado Hernández consideró que una de las puertas que se deberían abrir para solucionar el dilema que enreda a ambos poderes es el retiro de los nombres de los aspirantes, por iniciativa de éstos mismos.

"Los ternados deberían pensar en la posibilidad de presentar al Presidente la República sus argumentos para retirarse de la terna debido a que la Corte no los ha encontrado suficientemente aptos para desarrollar el cargo", consideró el constitucionalista.

Este criterio fue compartido por Iván Cancino, quien hizo un llamado a los candidatos para que reflexionen y tomen una decisión en la que prime el bienestar de la justicia y el país.

Por su parte, el ex procurador Bernal Cuéllar, es claro en que "aquí lo que ha habido es una descalificación para algunas personas, por lo que si ese fuera mi caso retiraría mi nombre porque hay un cuestionamiento que generaría una imposibilidad de nombrar, lo que amerita el retiro del nombre de las personas".

"Los más deseable sería que los integrantes de la terna renunciaran. Eso permitiría que en el ambiente tanto del Gobierno como de la Corte no queden vencedores o vencidos", concluyó Alejo Vargas.

Justicia, la más afectada

Independientemente de las diferencias que existen entre la Corte Constitucional y el Gobierno, analistas consideraron que es la justicia la que sí se puede ver afectada por el limbo que puede haber por la falta de nombramiento del Fiscal.

"Lo que no puede suceder es que tanto el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia se ubiquen en un punto inamovible que permita que se extienda indefinidamente un fiscal interino", consideró el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, para quien el actual fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, es muy apto, pero su condición de encargado afecta las decisiones que debe tomar.

"Yo creo que ya hace mucho tiempo debería haber una persona nombrada por la Corte Suprema de Justicia", consideró el analista Iván Cancino al manifestar que la disyuntiva en que está la Corte tiene de por medio el bien del país.

"Si bien el fiscal titular puede ser reemplazado por el vicefiscal, como se ha dado en este caso, no es deseable que eso se extienda por mucho tiempo, más si se tienen en cuenta los problemas de política criminal que presenta el país. Hay que resolver casos como ‘parapolítica', ‘yidispolítica' y falsos positivos", consideró Alejo Vargas.

Lo que ellos opinan

"Esta es una decisión de plena autonomía de la Corte Suprema. Como partido vamos a esperar la resolución del conflicto. Esperemos que las reglas de juego no haya cartas tapadas de una lado o del otro". Gabriel Zapata, senador del Partido Conservador.

"Sólo espero que las dos partes (Gobierno y Corte) se sienten tranquilamente pensando en el país y obviamente salgan de lo público y tomen la decisión que mejor sea para el beneficio principalmente de la Fiscalía". Jorge Enrique Vélez,Cambio Radical.

"Me parece que el Presidente está confesando que quiere y necesita un fiscal de bolsillo y no un fiscal que sepa derecho penal y que esté lejos de toda sospecha". Héctor Helí Rojas, senador liberal.

"Me preocupa que se genere una discrepancia entre la Corte y el Gobierno por un hecho como éste, donde los requisitos están contemplados en la Constitución". Luis Élmer Arenas,Partido de la U.

"El Gobierno debió enviar una nueva terna con juristas prestantes, que es lo que está reclamando en este momento la Corte". Jaime Dussán, presidente del Polo Democrático

El País / 20 de septiembre de 2009