Cuatro días antes de que Mario Iguarán culminara su período, en la Corte Suprema de Justicia ya se veía que el nombramiento del sucesor iba a enredarse en medio del pulso con el Ejecutivo.
En la Sala Plena del pasado lunes 27 de julio, los magistrados escucharon el informe que entregó su colega de la Sala Laboral Gustavo Genecco sobre la posibilidad de elegir un fiscal interino, ante las reservas que mostraba la mayoría en torno a los tres nombres propuestos por el presidente Álvaro Uribe.
Ocho semanas después, la decisión que finalmente adoptó la Corte de declarar "no viable" la terna agudizó la puja que sostienen ambos poderes desde hace casi tres años.
Pero en esta ocasión, dicen analistas, las consecuencias pueden ser imprevisibles: más allá de eventuales secuelas legales, se prolonga la incertidumbre en un organismo encargado de liderar la lucha contra el crimen en uno de los países más golpeados por los delincuentes.
"La interinidad en la Fiscalía le hace daño a esa institución y al país", dijo Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia y vocera de la coalición Elección Visible.
Aunque la Corte no ha devuelto formalmente la terna -simplemente notificó que no la votará- lo cierto es que esa posibilidad, que no está prevista en la ley, se ha discutido abiertamente en varias salas.
En esa reunión del 27 de julio, por ejemplo, el magistrado César Julio Valencia Copete planteó definir primero "si se iba a votar sobre la terna". La magistrada María del Rosario González sugirió entonces que era pertinente preguntarle al Presidente Uribe "si insistía en la terna, pese a las noticias y cuestionamientos frente a sus integrantes".
Para el Gobierno, no hay discusión. Lo dijo el presidente Uribe cuando visitó a la Corte en el Palacio de Justicia y ahora, en otros términos, el ministro Fabio Valencia.
"Es función constitucional exclusiva del Presidente conformar la terna para elegir al Fiscal y en el ejercicio de la misma no puede intervenir otra rama del poder público", señaló Valencia este viernes.
Las dos posiciones -la de la Corte de no elegir a pesar de que, formalmente, los tres candidatos reúnen los requisitos mínimos; y la del Gobierno de no reconsiderar sus postulados a pesar de que uno de ellos ha sido seriamente cuestionado por un supuesto tráfico de influencias- no parecen susceptibles de un arreglo.
Procurador ofrece mediar
El procurador Alejandro Ordóñez, quien se ha ofrecido como mediador en la pelea Corte-Gobierno, le dijo a EL TIEMPO que espera conocer a fondo la posición de la Sala Plena, pero que la coyuntura "es bastante preocupante".
Un punto que no está contemplado en la ley pero que sí pesa objetivamente es que ninguno de los candidatos es penalista. De cara al nuevo sistema acusatorio, esa especialidad es clave para las funciones de manejar directamente casos de funcionarios con fuero que fueron asignadas directamente al Fiscal General.
Pero en la Corte hay más reservas por la independencia frente al Gobierno, dicen fuentes que conocen el proceso desde adentro.
Los magistrados han hablado de la asesoría de Juan Ángel Palacio al ministro Fabio Valencia sobre las situación jurídica de 86 congresistas investigados por el referendo y la cercanía de los tres candidatos con el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
El pulso marcha paralelo con varias decisiones de la Sala Penal consideradas 'hostiles' por altos funcionarios y miembros de la bancada oficial en el Congreso.
A la investigación contra los que votaron el referendo en la Cámara y el cambio de jurisprudencia sobre el fuero -que va a volver a poner ante la Corte a dos decenas de parlamentarios que habían renunciado a sus curules precisamente para evitarla- hubo respuesta con un anunciado proyecto apoyado por 'la U' que pretende quitarle a la Sala Penal la competencia para procesar a los congresistas.
Esta semana, además de la decisión frente a la terna, la Corte empezó a recorrer un camino que podría complicarles aun más la vida a los congresistas investigados por 'parapolítica'. En la sentencia contra el senador Ricardo Elcure, cuatro de los nueve miembros de la Sala Penal presentaron una adición de voto que dice así: "El congresista paramilitar también debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se les atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques".
Si esa posición se impone, las condenas de menos de cinco años por parapolítica podrían llegar a 40 años.
En el último año, muchos momentos críticos
Mayo del 2008: La Corte Suprema ordena la captura de Yidis Medina. Al condenarla, dos meses después, dice que en el trámite de la reelección en el 2004 se compraron votos.
Febrero 2009: Se destapa el escándalo de las 'chuzadas' y seguimientos del DAS a magistrados, políticos y periodistas. La Corte denuncia presiones en su contra.
Mayo del 2009: La Sala Penal de la Corte abre indagación preliminar contra 86 congresistas que votaron la ley del referendo reeleccionista y los cita a rendir versión libre.
Agosto del 2009: El senador Alirio Villamizar es capturado tras la versión del ex supernotariado Manuel Cuello Baute sobre un 'carrusel' en las notarías a favor de congresistas.
REDACCIÓN JUSTICIA
El Tiempo / 19 de septiembre de 2009