Por: Elisabeth Ungar Bleier*
NO ES EXAGERADO AFIRMAR QUE en los próximos meses el Congreso de la República tomará algunas de las decisiones políticas más trascendentales de los últimos años. No sólo se comenzarán a discutir la reforma política y la reforma a la justicia que presentó el Gobierno, sino el texto del referendo aprobatorio de la segunda reelección presidencial y la elección de seis de nueve magistrados de la Corte Constitucional.
Por su complejidad y por sus profundas implicaciones en el futuro político y jurídico del país, cada uno de estos procesos ameritaría, por sí solo, la atención exclusiva de los congresistas. Pero no solamente se van a discutir casi simultáneamente, sino que los debates se van a dar en un ambiente enrarecido por la parapolítica y por fuertes enfrentamientos entre representantes de las ramas del Poder Público, por una creciente polarización en el discurso público, por intentos de interferir en las decisiones de jueces y magistrados poniendo en riesgo el equilibrio de poderes, por la descalificación y estigmatización de quienes osan disentir de las opiniones mayoritarias, por intentos de coartar a algunos periodistas y por revelaciones sobre la participación de altos funcionarios del Estado en actos delictivos.
Entre todas las decisiones mencionadas, la renovación de dos terceras partes de la Corte Constitucional, mediante la elección que deberá hacer el Senado de la República de ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, reviste especial importancia. Esto no solamente se debe a que los nuevos magistrados ocuparán sus cargos por ocho años, de los cuales cuatro podrían coincidir con los de un tercer período del presidente Álvaro Uribe. También a la relevancia de los temas que deberá resolver la Corte, entre los que está la constitucionalidad de la segunda reelección presidencial y posibles tutelas interpuestas por congresistas condenados por la parapolítica. De cualquier manera, esta elección va a poner a prueba la independencia del Congreso de la República frente a diferentes sectores políticos y del Gobierno, para no mencionar a actores ilegales, que posiblemente van a intentar presionar a los congresistas para que elijan a una Corte afín a sus preferencias e intereses.
Para contribuir a que el proceso de selección, nominación y elección de los magistrados sea transparente y se haga de cara al país, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuentan la Corporación Excelencia en la Justicia, Congreso Visible, Transparencia por Colombia, la Misión de Observación Electoral y el Instituto de Ciencia Política, entre otras, así como los más importantes medios de comunicación del país, han conformado la alianza Elección Visible de la Corte Constitucional.
Es fundamental que los nominadores y los electores de los magistrados se comprometan con la opinión pública a seguir unos procedimientos que garanticen que los candidatos, y por supuesto quienes resulten elegidos, no sean seleccionados por consideraciones partidistas y cumplan los más estrictos criterios de idoneidad ética, moral y profesional. Además, que se les dé cabida a candidatos de diferentes orientaciones ideológicas y a las minorías, como respuesta al espíritu pluralista y profundamente democrático que debe tener el máximo juez constitucional de la Nación. La Corte Constitucional no puede ser la corte de un gobierno, ni representar una sola visión de la sociedad.
* Directora, Programa Congreso Visible, Universidad de los Andes.
El Espectador / 04 de septiembre de 2008