La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la terna de aspirantes a la Fiscalía General de la Nación, remitida por el presidente Álvaro Uribe, causa otro choque de trenes con imprevisibles consecuencias jurídicas y políticas. El alto tribunal consideró, por primera vez desde 1991, que la lista de candidatos no cumplía con los requisitos para el cargo y, por esta razón, tomó una determinación polémica.

Tras seis reuniones en casi dos meses de deliberaciones, los magistrados optaron por un camino sin antecedentes, que sobrepasa cualquier escenario. Al devolver esta tripleta de nombres -los de los abogados Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe-, la Corte se aventura a sentar jurisprudencia en un tema muy espinoso. Esto significa que se fortaleció la polémica tesis de que, a pesar de que los integrantes de la baraja satisfacían los mínimos legales para aspirar al cargo, los cuestionamientos a algunos candidatos o la ausencia de un especialista en derecho penal atentaba contra una decisión correcta.

Por tal razón, es evidente que la corporación decidió ir más allá de la labor mecánica de escogencia del nuevo Fiscal e introducir otros aspectos e interpretaciones, cuya validez está en entredicho. No es claro, por ejemplo, que los magistrados tengan la atribución legal para ejercer de hecho un poder de veto. Esto, sumado a la reciente decisión de que algunos de los casos de la 'parapolítica' regresen de la Fiscalía, deja la impresión de la proclividad de la Corte a ir cambiando las reglas del juego en mitad del camino. En resumen, la típica actitud que alimenta el ataque de los críticos que asemejan el tribunal a un "partido de oposición" contra el Gobierno vuelve a ser obvia.

Es lamentable, en todo esto, la derrota del bloque de magistrados que impulsaban una designación rápida del Fiscal que detuviera el desgaste institucional que han implicado estas discusiones. Por cuenta de la larga demora, han crecido una serie de inconvenientes acusaciones a la Corte, de beneficiarse burocráticamente de la interinidad en la Fiscalía. Si bien estos rumores no han sido comprobados, la oportunidad de quitarles de un tajo todo fundamento se perdió ayer con el rechazo de la terna.
Se inicia así una nueva ronda de enfrentamientos entre dos poderes públicos. Por un lado, los magistrados no aceptan escoger al sucesor de Mario Iguarán, mientras que, por el otro, el Gobierno afirma que la mantendrá porque se ajusta a la ley. Así, queda creada una sinsalida cuya gran damnificada es la Fiscalía, una institución básica para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. El limbo que hoy aqueja a esta elección se traslada automáticamente a cruciales procesos, investigaciones y decisiones de la entidad y altera la imprescindible estabilidad de la administración de justicia.

Sin embargo, apegarse a la letra de la ley no disculpa al Ejecutivo de haber integrado una terna envuelta en la polémica. Sea por una débil hoja de vida, por graves denuncias de manejo de influencias o por una impresentable cercanía al Gobierno, ninguno de los tres aspirantes contaba con unas credenciales intachables para convertirse en el nuevo Fiscal. Abiertamente, la Casa de Nariño ignoró que, en las actuales circunstancias, la independencia y autonomía serían requisitos más apremiantes que los mínimos estipulados en las normas. En medio de las investigaciones contra miembros de la coalición oficialista y altos funcionarios gubernamentales, un fiscal demasiado cercano sigue siendo la menos aconsejable de las opciones.

El nuevo pulso entre el Ejecutivo y la Corte Suprema no tiene solución sencilla. O el Presidente reintegra una nueva terna o los magistrados se echan para atrás en su rechazo. Mientras eso se define, la política criminal queda en una lamentable y peligrosa interinidad.

El Tiempo / 17 de septiembre de 2009