La otra orilla. Por: Cecilia Orozco Tascón.
La concentración de poder político en Colombia es de tal magnitud que quienes lo detentan ya no guardan ni siquiera los formalismos sociales cuando van a imponer sus barbaridades antidemocráticas. ¡De qué habrían de preocuparse si no hay reacción ciudadana ante el atropello y, por el contrario, se eleva a los destructores del estado de derecho a la categoría de salvadores del país! El triunfo militar en uno de los cientos de problemas que nos agobian (la guerra contra las Farc) ha sido suficiente. La gran masa está obnubilada con el cheque de los sábados y no pocos ‘intelectuales' -esos sí a conciencia- le vendieron su alma al diablo con tal de saciarse con las mieles de los recursos oficiales.
Nadie como Antanas Mockus ha descrito con mayor precisión la cultura de la ilegalidad que subyuga a Colombia: "Hoy existe la hegemonía de un bloque grande de sectores (ultra) conservadores de la sociedad que antes se expresaba políticamente de manera un poco tímida. Ese sector que era vergonzante, se escondía... Parte de lo que viene pasando en los últimos siete años es que su pensamiento salió a flote, en una especie de alianza explícita y no vergonzante con una clase política que se reproduce vía puestos y contratos" (El Espectador). Mockus puso el título que le casa bien al fenómeno: ‘El destape del cinismo'. Y aunque admitió que "en ese bloque hay gente correcta", también resaltó que "lo terrible es que (los correctos) toleran a otros no tan presentables". ¿Por qué ocurre eso? Responde: "Hay personas bien intencionadas, pero atrapadas por el éxito del uribismo. Tal vez como los resultados son relativamente buenos, se tragan el ‘sapo' de los métodos".
Métodos, digo yo, que pasan de castaño a oscuro. Revisemos las noticias recientes: aprueban en el Congreso el referendo reeleccionista, pese a las denuncias de ilegalidad en su trámite; el Presidente invita a la Corte Constitucional a cenar en la Casa de Huéspedes el mismo día en que le envió el proyecto de referendo para su revisión; propuesta soterrada de reducir a la mitad (de 7 a 3,5 millones) el número de votos necesarios para que pase el referendo; proyecto de la U para que la Corte Suprema no pueda juzgar a más congresistas. Uno solo de los hechos anteriores hubiera sido motivo de protestas en otro sitio. Aquí subió la popularidad del Mandatario.
La semana entrante la acorralada Corte Suprema se verá obligada a escoger un fiscal general entre tres nombres enviados por el Jefe de Estado, quien ha ignorado, levantando los hombros, las objeciones éticas y legales que han formulado contra sus candidatos entidades como la Corporación Excelencia por la Justicia y Proantioquia. Según el analista Pedro Medellín, "pareciera que el Gobierno está más interesado en no querer repetir la experiencia de tener un fiscal que no controla todo el tiempo" que en postular a juristas de altas calidades. Señala Medellín que cuando "el Constituyente primario estableció los mecanismos de selección (para escoger al Fiscal) también supuso la buena fe con que procedería el Presidente de la República en la elaboración de la terna". Nunca imaginó el Constituyente lo que podría suceder. En términos mockusianos, estamos frente a otro ‘sapo' que se tragará la Nación.
El País / 12 de septiembre de 2009