El Presidente va a tener que presentar una nueva terna de candidatos, para que la Corte Suprema designe un nuevo Fiscal General de la Nación. Y va a tener que hacerlo por el hecho simple de que la terna que presentó no cumple las condiciones de elegibilidad que exige una decisión de la Corte. Es decir, no reúne los requisitos de equilibrio e idoneidad que garanticen que los tres candidatos estén en igualdad de condiciones para competir por el cargo, y que los que eligen estén en posibilidad de escoger a uno de los tres como el que asume la conducción de una entidad tan compleja.
En la terna de candidatos a la Fiscalía la desproporción es enorme. Primero fueron las distancias de formación y experiencia entre un candidato que, además de haber sido secretario jurídico de la Presidencia, ministro y embajador, acreditaba una amplia experiencia académica, para enfrentarse a dos profesionales sin mayor trayectoria en el mundo académico o en la carrera judicial. Luego, el bajísimo nivel de conocimiento específico observado en la audiencia pública televisada, que hizo mayores las diferencias.
Y, finalmente, la publicación de unas grabaciones que comprometían a otro de los postulados con conductas por fuera de la ley hizo evidente que ni los candidatos estaban en condición de competir, ni la Corte Suprema de elegir.
La angustia social fue recogida por Elección Visible (proyecto liderado por Excelencia en la Justicia, Fedesarrollo, ProAntioquia y el ICP, entre otros), que, ante los cuestionamientos, pidió a los ternados que "declinaran su aspiración de ser Fiscal General de la Nación". Su respuesta fue un no rotundo. Tanto como su negativa a dejar en libertad al Presidente para que diera una adecuada respuesta a la Corte, cuando esta solicitó la opinión presidencial sobre lo que consideró como "hechos sobrevinientes".
Pareciera que el Gobierno está más preocupado por no querer repetir la experiencia de tener un Fiscal que no controla todo el tiempo. Por eso, la falta de transparencia en este proceso ha sido la constante. Elección Visible no solo ha demostrado cómo, a pesar de decir lo contrario, la Presidencia no ha querido dar a conocer los criterios que se han tenido en cuenta para conformar la terna a la Fiscalía. Y ha constatado que las hojas de vida de los ternados "solo fueron difundidas el mismo día que se envió la terna a la Corte Suprema de Justicia" y no varios días antes, como dijo Uribe dijo a los magistrados del alto tribunal.
La negativa del Presidente a cambiar la terna pareciera buscar poner a la Corte contra la pared de tener que elegir al único de sus candidatos. Sin embargo, con esa decisión no solo está violando las condiciones de elegibilidad que deben garantizar a los magistrados tomar una decisión. También está incumpliendo compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano, de asegurar la independencia e imparcialidad del Fiscal, que son las condiciones básicas para asegurar la protección de los derechos humanos y el imperio de la ley en el país.
Una terna en la que hay un candidato muy fuerte y dos de relleno está impidiendo que la Corte Suprema cumpla con el mandato constitucional. Es evidente que cuando el Constituyente primario estableció los mecanismos para que se hiciera valer la libertad de los electores en el ejercicio de sus decisiones (por ejemplo, evitando que se indujeran las respuestas), también supuso la buena fe con que procedería el Presidente de la República en la elaboración de la terna para Fiscal. Por eso no definió mecanismos de protección de la condición de elegibilidad que tengan los magistrados o instancias para la resolución de las diferencias que se pudieran presentar.
Si el Presidente persiste en mantener la "terna", la Corte deberá usar las facultades de nombramiento en provisionalidad, que le da la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, para que nombre provisionalmente un Fiscal que ayude a resolver las encrucijadas judiciales que también deben tener su espacio en el alma presidencial.
Pedro Medellín Torres
El Tiempo / 08 de septiembre de 2009