El Fiscal General de la Nación es, después del Presidente de la República, el cargo de mayor importancia dentro del Estado en Colombia.

No solo por las funciones que tiene en la Rama Judicial, el número de personas a su cargo, sino, ante todo, por el poder que tiene para ordenar investigaciones penales contra los particulares y los funcionarios públicos y, en desarrollo de ellas, tomar decisiones que afecten su libertad.

Desde su creación en 1991 por el Asamblea Nacional Constituyente, la figura del Fiscal ha pasado a ser una de las más reconocidas por la opinión pública como la persona sobre cuyos hombros descansa la idea de justicia. No hay medida, ni pronunciamiento del Fiscal que no genere un impacto en la conciencia de los ciudadanos.

Dada la trascendencia de las medidas que toma el Fiscal General para hacer justicia, la disuasión que se busca con la legislación penal depende en gran parte de él. Igualmente su talante y sus directrices son fundamentales para orientar la labor de los fiscales en todo el país, así estos sean autónomos en el ejercicio de sus funciones.

Hace pocos días precisamente destacábamos la tarea adelantada por el fiscal Iguarán Arana como representante del Estado ante las familias de las miles de víctimas de la violencia en Colombia. Los solos gestos de humanidad en determinados momentos eran tan importantes para esas familias como el esclarecimiento de los responsables de los crímenes contra sus familiares.
Con ello queríamos resaltar una de las facetas que en ciertas coyunturas se le exigen al Fiscal por todo lo que ese cargo implica en el universo simbólico del común de los ciudadanos.

La escogencia del Fiscal General de la Nación le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la Rama Judicial, de terna que le envía el Presidente de la República.

Los grandes problemas de administración de justicia por resolver que enfrenta hoy en día la Rama Judicial, la imperiosa necesidad de que muchos crímenes y delitos de toda índole no queden en la impunidad, como tampoco que prescriban muchas investigaciones y muchas otras razones, han hecho que la escogencia del sucesor del fiscal Iguarán Arana esté hoy en la mira de la opinión pública y de muchas organizaciones de la sociedad civil.

La atención sobre esa escogencia se originó, como en todas las anteriores, desde el momento mismo en que la Presidencia de la República dio a conocer en su portal los nombres y las respectivas hojas de vida de quienes conformaban la terna que les enviaría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Desde ese mismo momento no faltaron las críticas de diversa naturaleza y las inquietudes relacionadas con las calidades que debe tener el Fiscal General de la Nación. Para algunos se trataba de ‘una terna de uno', dando a entender que en realidad los magistrados no tendrían ningún espacio para escoger al mejor de los tres.

Pronto comenzaron los cuestionamientos sobre los candidatos, particularmente severos contra uno de ellos mediante métodos poco ortodoxos que lograron empañar su nombre. Aún hoy ese candidato tiene que estar todo el tiempo a la defensiva dando explicaciones sobre su comportamiento, algo lamentable que en estricto sentido no debiera suceder.

En ese mismo sentido, varios columnistas de opinión han manifestado su preocupación por la gran cercanía con el Presidente que tiene uno de los candidatos, señalando que ello limitaría la independencia que debe conservar el Fiscal General frente al Ejecutivo. Haber sido su subordinado y colega de muchos funcionarios que hoy son investigados por la Fiscalía, afirman, comprometería su labor.
Quizás esos motivos razones han impedido a la Corte Suprema de Justicia escoger el nombre del próximo Fiscal General de la Nación.

Elección Visible, que agrupa varias organizaciones de la sociedad civil que promueven la transparencia en los procesos de elección de los cargos más importante del Estado, les ha pedido a los candidatos de la terna que retiren sus nombres, no como una aceptación de los cuestionamientos que se les han hecho, sino como una muestra de que los intereses principales del Estado se encuentran por encima de sus aspiraciones personales.

Por todas las razones anteriores y por los grandes retos que tendrá el próximo Fiscal General de la Nación, vitales para nuestro Estado de Derecho, encontramos razonable la petición que ha hecho Elección Visible.

El Heraldo / 06 de agosto de 2009