La labor cumplida por Mario Iguarán Arana por cuatro años al frente de la Fiscalía General de la Nación ha suscitado una gran variedad de comentarios.

El balance de uno de los cargos más difíciles que exista dentro del Estado colombiano no es fácil de hacer por los innumerables problemas y retos que tiene que enfrentar, pero también por las limitaciones de todo tipo que tiene el ente investigador.

Son de vieja data los problemas estructurales de la justicia en el país, en especial los relativos a la rama penal. La creación de la Fiscalía General fue en su momento una respuesta institucional a ellos, lo mismo que el Sistema Penal Acusatorio.

Poner en marcha ese sistema en todo el país fue una tarea difícil y compleja que el hoy ex fiscal Iguarán Arana supo llevar a cabo sin mayores traumatismos, y cuyas bondades solo el tiempo las dirá. Implementar el sistema requirió de grandes esfuerzos administrativos y didácticos que fueron liderados por la persona misma del Fiscal.

Las evaluaciones hechas hasta ahora, sin embargo, no dejan de ser preocupantes. Una evaluación del sistema hecho a comienzos de este año por la Unión Europea mostró que la posibilidad de que un homicida en Colombia sea castigado por la justicia es tan solo de un 7%.

La cifra es en realidad grave, por no decir otra cosa. Simple y llanamente significa que la impunidad penal en Colombia en materia de homicidios es casi absoluta; es decir, el Estado es casi incapaz de perseguir, responsabilizar y castigar a quienes atentan contra la vida de los ciudadanos.

Lo anterior significa que aún hay mucho por hacer en materia de eficiencia y eficacia del Sistema Penal Acusatorio, labor que le corresponderá seguir al próximo Fiscal General de la Nación.

Entre las demás tareas que adelantó Iguarán Arana queremos resaltar una que merece nuestros especiales reconocimientos, esto es, la de ponerse al frente de uno de los procesos más dramáticos que hemos vivido, y habremos de seguir viviendo los colombianos, en especial los costeños: la entrega de los restos identificados de las víctimas de las AUC a sus familiares.

Ese proceso, que comenzó en el municipio de San Onofre, se hizo luego de las diligencias de rigor a cargo de los expertos de la Fiscalía General de la Nación para poder identificar los cuerpos, hallados en las fosas comunes reveladas por las AUC en desarrollo del proceso de Verdad, Justicia y Reparación.

En su momento destacamos el gesto solitario del fiscal Iguarán Arana de acompañar en su dolor a los familiares de las miles de víctimas que dejaron los grupos paramilitares en el departamento de Sucre. En esa ceremonia no se hicieron presentes más que gentes humildes, quienes solo tuvieron en la fraternidad y solidaridad del Fiscal el único gesto del Estado.

Aplicar la Ley de Justicia y Paz ha sido, y será, una labor titánica que siempre producirá sus críticas y no pocas frustraciones por las dimensiones de la barbarie que se vivió en el país, pero no hay duda de que la Fiscalía General de la Nación bajo su dirección tomó decisiones valerosas que han permitido hasta ahora el esclarecimiento de numerosos crímenes y fijar responsabilidades.

Muchos son los frentes donde la evaluación sobre su desempeño como Fiscal General puede ser negativa, pero en medio de tantas críticas o insatisfacciones se le debe reconocer que siempre obró con independencia y que no se dejó presionar para proceder contra altos funcionarios del Estado y contra varios políticos de larga trayectoria.

Las medidas que tomó en ejercicio de sus funciones sirvieron para hacerles ver a todos los colombianos que nadie puede sentirse por encima de la Ley o exento de que sus conductas ilegales sean investigadas y sancionadas. Algo por lo demás muy poco común en el contexto latinoamericano.

El balance del paso de Iguarán Arana por la Fiscalía dará mucho de que hablar, como seguro que lo será de todo aquel que ejerza ese cargo, pero nadie dudará de su rectitud y su entereza.

Sabemos también que miles de familias humildes de todos los rincones de la región Caribe lo recordarán siempre con gratitud por el simple hecho de permitirles darles cristiana sepultura a los restos de sus seres queridos. Y haberles puesto el hombro para que sobre él recostaran su dolor.

Un oportuno gesto humano que muy pocas veces se ve en los funcionarios del Estado.

El Heraldo / 04 de agosto de 2009