Con más expectativa de la que normalmente tienen los cambios en las altos posiciones, Mario Iguarán acaba de dejar el cargo de Fiscal General de la Nación. En vísperas de retirarse, el ahora ex jefe del ente acusador dictó órdenes de detención contra el antiguo subdirector, directores de inteligencia y otros funcionarios del DAS -diez en total-, mientras culmina la investigación sobre sus supuestas participaciones en el escándalo de 'chuzadas' telefónicas ilegales. Un final que da la medida de la complejidad de un cuatrienio en el que han abundado los temas que afectan a miembros del Gobierno.
La independencia de los fallos frente al Ejecutivo se convirtió en el principal parámetro de evaluación del trabajo de Mario Iguarán, el ex viceministro de Justicia de la primera administración de Álvaro Uribe que se constituyó en el investigador de la 'Yidispolítica', la 'parapolítica' y el DAS, que cayeron muy cerca de los predios de la Casa de Nariño. Y la verdad es que el balance fue positivo. Mientras la oposición le señala no haber llegado más lejos en casos emblemáticos, como el del primo del Presidente el ex senador Mario Uribe, en el Gobierno se ganó la imagen de que cedía con facilidad a las presiones de los medios.
La contradictoria insatisfacción en ambos lados significa que el antiguo funcionario de la cartera del Interior no se inclinó hacia alguna causa política y no dio pie para que se confirmara la sospecha de que actuaría como un fiscal de bolsillo del mandatario que había sido su jefe.
Bajo la tutela de Iguarán se llevó a cabo el complejo proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Controvertido, por lo que significó como impopular transacción con las Auc, pero defendible porque permitió llevar a la cárcel a los poderosos jefes paramilitares, la mayoría extraditados a Estados Unidos. Y porque dejó en marcha, aunque con demoras excesivas y contraproducentes, la definición de la situación legal de las bases combatientes de los grupos paramilitares. No menos trascendental, en materia de derechos humanos, fue la detención de cerca de 500 oficiales y suboficiales por denuncias de los 'falsos positivos'.
La Fiscalía de los últimos cuatro años desempolvó importantes archivos que se habían dormido en los anaqueles. En particular, el del asesinato de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia. También hubo investigaciones sobre desapariciones acumuladas durante dos décadas de conflicto. La gestión de Iguarán fue polémica, sobre todo, por razones de forma. Una evidente inclinación a quedar bien y el escándalo del 'brujo' Armando Martí, el folclórico personaje que gozó de una inexplicable cercanía con el despacho del jefe del ente investigador.
La sucesión del Fiscal saliente está rodeada ahora de enormes expectativas. Deberá cerrar precisamente los casos donde los colaboradores del Gobierno están involucrados: la 'Yidispolítica', la 'parapolítica' y las 'chuzadas' ilegales del DAS. La selección tiene como telón de fondo la guerra fría inocultable entre el Poder Ejecutivo (que elaboró la terna de candidatos) y la Corte Suprema, que debe escoger a uno de los nominados.
Los tres nombres tienen problemas. El de Virginia Uribe, por su bajo perfil. El de Camilo Ospina, por su abierta militancia en el uribismo. El de Juan Ángel Palacio, por incómodas investigaciones y conversaciones telefónicas que son indicios de un posible soborno y maniobras nada apropiadas para un futuro Fiscal General. El Presidente mandó una terna que posee más la intención de acorralar a la Corte que de contribuir a la elección de la mejor opción posible. Y los magistrados tienen la misión imposible de sacar, de una baraja que deja mucho que desear, una persona que garantice rectitud, independencia y eficacia en un cargo fundamental en Colombia.
El Tiempo / 03 de agosto de 2009