Por: PABLO CHACÓN MEDINA

El periodo institucional de Mario Iguarán, como Fiscal General de la Nación, llega a su final. Del cargo de viceministro de justicia, saltó a tan alta investidura, de la mano de Sabas Pretelt, quien fue su mecenas y jefe en el Ministerio del Interior. Pudiera decirse que sin el apoyo de éste, jamás hubiera sido Fiscal. Al lado de Sabas Pretelt, tuvo destacada actuación en el diseño de la Ley de Justicia y Paz. Por eso mucha gente imaginó que, en ejercicio del cargo, sacar adelante dicha Ley, desde el punto de vista de su aplicabilidad, sería uno de sus primordiales objetivos. Desafortunadamente, ello no fue así, siendo su gestión notoriamente paquidérmica y tolerante en los procesos contra el paramilitarismo.

Fue tan blanda su actitud con estas organizaciones, que no disimularon su descaro, al deslizar hacia la Fiscalía sus procesos, aquellos que, en principio, los había iniciado la Corte Suprema de Justicia. Una vez rindieron indagatoria, corrieron a renunciar a sus investiduras, antes de que la elevada dignidad de la justicia, los metiera en cintura con una medida de aseguramiento.

Más de 24 congresistas, indiciados inicialmente por la Corte, como polluelos perseguidos por un ave de rapiña, resolvieron escampar bajo las alas de quien consideraban un protector seguro, que los libraría de picotazos imprevistos, representados en sentencias condenatorias y una muerte electoral, sin miramientos.

Ello, por si solo, constituye no un grave indicio contra Iguarán, pero si una grave sospecha. Como cuando un grupo de pésimos estudiantes, a pocos días de presentar examen, resuelven, con un pretexto fútil, cambiar de profesor, por que este tiene fama de pusilánime.

Vergonzoso que hubiera pasado de agache, en decisiones que debió tomar respecto de los ministros Sabas y Palacios, involucrados, con plena prueba, en la yidispolítica. Triste que no se le hubiera oído un solo pronunciamiento, respecto de los escándalos de corrupción, en que millonariamente han aparecido vinculados altos funcionarios. Aclaro, y en esto debo ser absolutamente imparcial, así no comparta algunas de sus políticas, nunca ha aparecido un solo señalamiento, ni una sola indelicadeza, que salpique al primer mandatario. Las actitudes que le he venido cuestionando, son de otro carácter.

Duele, para quienes, de alguna manera, mucho hemos tenido que ver con la administración de justicia, mas de 43 años ininterrumpidos en el área exclusiva del derecho penal, como defensor, que el Fiscal Iguarán, se haya dedicado, al final de su mandato, a desempolvar procesos añejos, para degustarlos, como a los buenos vinos, sin correr ningún riesgo en la posibilidad de ser nombrado embajador en Londres, dejando en la impunidad procesos actuales, de urgencia nacional, que requieren de su pronunciamiento, así tenga que pisar callos que pongan en peligro sus aspiraciones diplomáticas. Eso lo señalaría como un funcionario de carácter, y como un Fiscal respetable, que supo marcar distancia entre el cumplimiento del deber y la lisonja.

Mover procesos ya prescritos, como el del crimen de Luis Carlos Galán, llamando a indagatoria al General Miguel Maza Márquez, enemigo público número 1, de quien lo ordenó es, simplemente,es buscar el aplauso de las graderías, como una cortina de humo, encubridora de aquello de lo que debió ocuparse y no lo hizo.

Pobre gestión la de un hombre que, versado como el más en asuntos de derecho penal y criminología, antepuso la falta de carácter, a un brillante ejercicio en el desempeño de su legítima función institucional.

La Opinión / 25 de julio de 2009