Por: Gloria Maria Borrero*
La CEJ ha estado cerca de la gestión de los últimos Fiscales y en especial de la de Mario Iguarán. Con base en ese seguimiento podemos afirmar que el país tuvo durante estos cuatro años un señor fiscal. Tuvo que afrontar retos mayúsculos en un contexto adverso y con grandes restricciones. Sus principales desafíos, sobre los cuales hay resultados concretos, fueron:
-La complejidad de la implementación paralela de cuatro sistemas diferentes de procesamiento penal: el sistema penal acusatorio, la ley de justicia y paz, el sistema penal de adolescentes y los procesos que aún se adelantan bajo la ley 600. Tal vez ningún fiscal del mundo, y menos con el grado de delincuencia que existe en Colombia, ha tenido semejante reto.
-Desarrollar su gestión en el marco de una política criminal difusa, incoherente, formulada bajo el calor de los escándalos mediáticos; con normas contradictorias y confusas y jurisprudencias -algunas veces encontradas- sobre los tres sistemas nuevos apenas en formación.
-Asumir, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, la dirección de la investigación y la acusación de altos funcionarios, paralelamente a todas sus innumerables funciones y responsabilidades.
-La criminalización de la política y la creciente corrupción administrativa.
-Las altas tasas de delincuencia menor, sin un sistema legal y de gestión adecuado para su procesamiento.
-La reapertura de procesos paradigmáticos y de vieja data, como los del Palacio de Justicia y el magnicidio de Luis Carlos Galán.
-La investigación y procesamiento de los delitos de asesinatos de sindicalistas y de ejecuciones extrajudiciales, sobre los cuales la comunidad internacional tiene sus ojos puestos.
En el campo interno de la Fiscalía, también se vieron resultados positivos de la gestión del doctor Iguarán: la implementación de la Carrera Fiscal, con cerca de 5.000 funcionarios incorporados; el diseño y la implementación de modelos de gestión para la investigación, particularmente el que se desarrolló en Bogotá para los delitos sexuales; el aumento en el número de investigadores y el fortalecimiento tecnológico del CTI; el proceso de certificación en curso de tres laboratorios; la puesta en marcha de una estrategia para la humanización del servicio de justicia en URI y SAU; el aumento del presupuesto asignado a la Fiscalía, y la consolidación de una doctrina de la acusación en justicia y paz y sistema penal acusatorio, que empieza a tener influencia significativa en la formación de la jurisprudencia.
Su administración también tuvo lunares. Algunos de ellos son: las dificultades en la escogencia de su equipo próximo y en su engranaje con esa compleja organización; no haber diseñado sistemas claros y objetivos de selección de los directores seccionales, lo que permitió infiltraciones inconvenientes y peligrosas; no contar con estrategias claras para luchar contra la gran criminalidad -salvo en algunos casos de connotación- ni para solucionar el alto grado de represamiento de causas en la etapa de indagación; no adecuar la estructura de la Fiscalía a las exigencias del sistema penal acusatorio, no avanzar en la educación ciudadana sobre el cambio de paradigmas que exige el nuevo sistema penal, avanzar tímidamente en la devolución de competencias de las unidades seccionales y locales -atrofiadas en el pasado por la creación de las unidades nacionales- y el no haber sido propositivo para la formulación de la política criminal.
Fue un fiscal abierto a la crítica, a la academia y a la sociedad civil, que cometió errores y los rectificó y que indudablemente demostró coraje y sobre todo independencia de sus nominadores.
Con el tiempo seguramente se reconocerá positivamente lo que se hizo en estos cuatro años en la Fiscalía, impacto que dependerá en buena medida de la continuidad que le dé a este legado el futuro Fiscal General de la Nación.
* Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia
El Tiempo / 01 de agosto de 2009