Esta unión de 14 organizaciones estará evaluando el desarrollo de la conformación de ternas que deben hacer el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para que el Congreso decida.
Cada uno de estos estamentos pondrán dos de los magistrados que conformarán la tercera generación de este alto tribunal, que nació con la Constitución de 1991.
Las elecciones buscarán los reemplazos a los magistrados Manuel José Cepeda y Marco Gerardo Monroy Cabra, quienes saldrán en febrero del próximo año. En marzo de 2009 se les acaba el periodo reglamentario de ocho años a los magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil. Quedan en el tribunal, el actual presidente, Humberto Sierra Porto; Nilson Pinilla y Mauricio González.
Tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado decidieron hacer convocatorias públicas para elegir a los que integrarán sus ternas.
La veeduría de Elección Visible, que lideran organizaciones como la Corporación Excelencia en la Justicia y Transparencia Colombia, pretende que se garanticen "la publicidad, visibilidad y transparencia" de la elección de estos magistrados.
"Que asuman (Gobierno y altas cortes) esta responsabilidad histórica sin tener en cuenta intereses partidistas y poniendo todo su empeño en lograr que los candidatos postulados en las respectivas ternas no solo sean personas de reconocida experiencia intelectual y profesional, sino probas e independientes", señala oficialmente la veeduría.
Inquietud por polarización
El tema del relevo en la Corte Constitucional ha causado inquietud en varios sectores que temen que la polarización entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia se refleje en la nueva composición del tribunal.
Los nuevos magistrados llegarán entre febrero y marzo del año entrante y decidirán sobre varios temas clave. Uno de ellos, dependiendo del ritmo que tenga el proyecto en el Congreso, sería el referendo que busca habilitar al presidente Álvaro Uribe para que aspire a un tercer mandato.
La nueva Corte revisará, además, las tutelas que interpongan los 'parapolíticos' contra los procesos que ha llevado la Corte Suprema bajo el actual modelo, en el que ella misma investiga, acusa y juzga.
Una reciente sentencia de la Corte Constitucional ordenó que, para los delitos cometidos desde el 29 de mayo, los procesos contra congresistas deben ser investigados por magistrados que no sean los que juzguen.
En esa misma providencia, la Corte advirtió que los actuales procesos están 'blindados' de demandas.
El punto es que es posible que una tutela en contra de esos procesos sea decidida por la nueva Corte y algunos sectores, incluso magistrados, no descartan que la posición inicial sea revaluada por esa misma Corte.
El Tiempo / 02 de septiembre de 2008