Por: Elisabeth Ungar Bleier
LA NEGATIVA A DIALOGAR Y A ESCUchar posiciones distintas e incluso contrarias sobre asuntos públicos en un marco de tolerancia y respeto es una práctica cada vez más generalizada en el país. Es un reflejo del creciente cerramiento de los espacios de controversia y del empobrecimiento de la deliberación como herramienta fundamental para llegar a consensos y para dirimir diferencias. Pero estas actitudes generalmente no vienen solas.
Con frecuencia van de la mano de la descalificación de los que no piensan como "la mayoría", y de la arrogancia de los que consideran que no tienen por qué responder a quienes disienten de sus propias opiniones. Lo anterior es particularmente preocupante cuando estas posturas son promovidas por los gobernantes o por quienes aspiran a desempeñar cargos públicos y cuando se evaden debates públicos con la disculpa de que temen ser objeto de "emboscadas" por parte de los contradictores.
Esto fue lo que ocurrió cuando los tres candidatos nominados a la elección de fiscal general de la Nación por el presidente Álvaro Uribe Vélez -Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina- cancelaron a última hora su participación en un foro que había sido convocado para el viernes 10 de julio por la coalición Elección Visible. Al evento habían sido invitados académicos, juristas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, con el propósito de profundizar en los puntos de vista de los aspirantes sobre los retos de la institución y sobre temas de gran trascendencia que va a tener que enfrentar el nuevo fiscal. La razón aducida por los ternados para no asistir fue que ellos "sólo le rendían cuentas a la Corte Suprema de Justicia", con lo cual recortaron la posibilidad de que otros sectores de la ciudadanía pudieran escucharlos e interactuar con ellos. Actitudes como éstas no contribuyen a hacer transparentes y visibles los procesos de elección de los altos dignatarios del Estado, ni a mejorar la confianza de los ciudadanos en la Justicia, y por el contrario, generan suspicacias y alimentan las inquietudes que han expresado diversos sectores sobre las cualidades y la independencia de los candidatos.
Por aquello de que es mejor "no dar papaya", la filtración a los medios de comunicación de una investigación vigente aunque provisionalmente archivada por intento de soborno contra el aspirante a la Fiscalía Juan Ángel Palacio, ha contribuido a aumentar las dudas y especulaciones generadas por la abrupta negativa de los candidatos a asistir al foro. Pero mucho más grave es que el Presidente de la República y sus asesores no hubieran indagado a fondo sobre los antecedentes de los escogidos. O que el candidato o algún otro interesado hubieran ocultado información relevante. Alguien le debe una explicación al país.
Este suceso enturbia la buena marcha de la elección del fiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia, que con su decisión de realizar una audiencia pública televisada con los candidatos había enviado un mensaje de transparencia a la opinión pública. Los hechos han demostrado que es necesario ir mucho más allá para evitar más sorpresas.
El Espectador / 16 de julio de 2009