Según Gaviria, una grabación que comprobaría que Juan Ángel Palacio, uno de los ternados, indagó por un proceso tramitado por un Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, lo descalifica.

El ex gobernador de Antioquia agregó que "es claro que Virginia Uribe no reúne las calidades para ser designada en el cargo".

Según él, esto "se concluye después de escuchar sus diferentes intervenciones, especialmente la presentación que hizo ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia".

Para el aspirante se ha desintegrado la terna y "obliga a que el Presidente de la República, primer responsable en la designación del Fiscal General de la Nación, proceda a presentar una nueva".

Dijo, además, que "nada sería más inconveniente para el país que Camilo Ospina sea elegido por sustracción de materia".

Y agregó que el presidente Uribe no puede esperar a que Juan Ángel Palacio renuncie a la postulación ni que la Corte le devuelva la nominación.

Aníbal Gaviria aseguró que el primer mandatario "debe asumir la construcción de una nueva terna con personas idóneas y de las más altas calidades

La selección de Camilo Ospina Bernal como candidato a fiscal general de Colombia ha revivido una serie de cuestionamientos respecto al papel que jugó en la implantación de un sistema de recompensas que para algunos se transformó en un incentivo para el ajusticiamiento de centenares de civiles inocentes.

Ospina compone una terna de candidatos presentada a consideración de la Corte Suprema de Justicia por el presidente Alvaro Uribe.

En el 2005, siendo ministro de Defensa, Ospina firmó la directiva secreta 029 que, según activistas de derechos, familiares de víctimas y líderes de la oposición, fue el preámbulo de una ola de ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Estas operaciones, de las que incluso fueron víctimas soldados en activo, son conocidas en Colombia como ''falsos positivos''. En la jerga militar colombiana, las bajas enemigas son consideradas ``positivos''.

''Parece increíble que el creador de la directiva ministerial, base de decenas de ejecuciones extrajudiciales, reciba como recompensa la candidatura a fiscal general de la Nación'', escribió el columnista de El Tiempo, Daniel Samper. ``Ospina es responsable del penoso invento que rebajó la vida humana al nivel de vara de ferias, escalafón donde se paga idéntica prima por matar a un antisocial que por detenerlo y se otorgan premios gordos por jefes dados de baja y secos por lugartenientes de segundo nivel''.

Ospina, quien renunció recientemente como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), no respondió un correo electrónico enviado por El Nuevo Herald a la dirección indicada por una asistente de su oficina en el organismo internacional.

La directiva señala una serie de pagos por información que conduzca a la captura o muerte de combatientes de grupos armados irregulares.

En una carta enviada a finales de junio a El Nuevo Herald, el actual ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla León, señaló que al hacerse la ''asociación'' entre las ejecuciones y la directiva se debe tener en cuenta que existe una serie de mecanismos de control para el pago de recompensas.

''No se puede desconocer que el gobierno ha sido transparente frente al tema. Desde las primeras denuncias tomó decisiones, algunas de ellas drásticas'', escribió Padilla en respuesta a una serie especial de este diario sobre los falsos positivos.
Padilla dijo que el pago de recompensas sigue en vigor y está regulado por la directiva 001 del 2009.

La Fiscalía General de la Nación, entidad que quedaría bajo el mando de Ospina de ser confirmado, investiga más de 2,000 casos de falsos positivos perpetrados por militares.

Rosa Liliana Ortiz, del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia, dijo a El Nuevo Herald que su entidad ha acopiado numerosos testimonios de familiares de víctimas que coinciden en que la directiva ``fue un determinante para que sus familiares fueran puestos en esa situación [ejecuciones]''.

En un informe reciente de la organización no gubernamental The US Office on Colombia, se muestra cómo aumentaron las ejecuciones tras la expedición de la tabla de recompensas en el 2005.

Antes de la directiva, la mayor cifra se produjo en el 2004, cuando se reportaron 102 casos. En el 2006 aumentaron a 222 y en el 2007 a 453, señala la organización con sede en Washington, D.C.

El actual fiscal Mario Iguarán fue uno de los primeros funcionarios que encendió las alarmas sobre los peligros de la directiva ministerial.

''¿No será que el afán por el positivo y las ansias por las recompensas que permitían acciones en contra están generando estos graves y oscuros procesos?'', se preguntó Iguarán en noviembre. ``Puede hacerse una interpretación de que [la directiva] lleva a la delincuencia''.

El congresista opositor Gustavo Petro no descartó que el documento ``pudo haber determinado en buena parte que centenares de jóvenes fueran asesinados a través de desapariciones forzadas''.

A su turno, el congresista Juan Manuel Galán consignó en un resumen ejecutivo de un debate sobre el tema que ``fue un error del Gobierno la creación de la tan criticada directiva [. . .] la cual constituye un incentivo para la comisión de estas conductas delictivas como lo han manifestado diversos expertos y senadores''.

The US Office on Colombia señaló en su reporte que cualquier esfuerzo que se haga en el campo judicial para castigar estos delitos ``no tendrá efecto si la directiva 29 u otras similares continúan en práctica''.

El Tiempo / 15 de julio de 2009