La terna de uno que nos tenía cantada el Presidente con su candidato a Fiscal, el ex embajador Camilo Ospina, resultó una terna de dos: a última hora fue incluido el nombre del ex consejero Juan Ángel Palacio, quien promete dar la pelea.
Esta terna no alcanzó a ser de tres porque el Presidente desempolvó a una mujer abogada que le hacía vueltas en sus épocas de Gobernador de Antioquia. La doctora Virginia Uribe fue muy sincera durante la audiencia televisada ante la Corte: ella no sabe nada de ser Fiscal, pero está dispuesta a aprender. Ese bonito propósito no sirve ni siquiera para postularse de chef de un restaurante. Su caso me permite recordarles a las feministas de este país que hasta allá nos ha conducido su famosa ley de cuotas: a las mujeres nos tienen convertidas en morcillas del sector público. No servimos sino para relleno. Mejor será que la Corte le respete a la doctora Virginia su derecho al anonimato y se concentre en los otros candidatos, que por su trayectoria sí tienen algún juego.
Como no son penalistas, cometieron en su debut televisado ante la Corte notable embarrada. El doctor Palacio confundió el principio de oportunidad, que acaba de aprobar el Congreso para resolver la situación sub júdice de más de diez mil reinsertados, con el principio de proporcionalidad. Y el doctor Ospina se refirió a él como el principio de "la oportunidad", lo cual sería equivalente, para que me entiendan, a llamar el baño de emergencia de una casa el baño de "la emergencia". ¿Sí me entendieron?
Pero el problema principal no es que no sean penalistas. Sino que la terna refleje la disfuncionalidad del sistema actual para elegir al Fiscal. Que combina la nominación por parte del Presidente, por el ingrediente político del Fiscal como representante de la sociedad colombiana en la lucha contra el crimen, con la escogencia de la Corte, que le aporta el ingrediente técnico al Fiscal como un jurista profesional y experimentado.
El problema surge cuando los candidatos son nominados por el Presidente bajo el concepto de conseguir, más que a un colaborador en la lucha contra el crimen, a un subalterno que refleje los puntos de vista del Gobierno y a un guardaespaldas que se las proteja cuando termine su período.
El reto que tienen por delante los doctores Camilo y Juan Ángel es mostrar algún blindaje para que, por el origen de su nominación, no terminen comportándose ni como subalternos ni como guardaespaldas. Sobre todo el primero, que proviene del régimen de obediencia y sumisión al Presidente, en calidad de su ex secretario jurídico, su ex ministro y su ex embajador. El segundo, por lo menos, proviene de la rama judicial, donde la independencia se practica como deber jurídico. Pero dicen que "direccionado" (nuevo y horroroso término) por el ministro de Transporte, Gallego.
En Estados Unidos existe algo muy práctico para evitar ese comportamiento en los magistrados de la Suprema Corte, que son escogidos por el Presidente y ratificados por el Congreso: deben jurar cumplir con el "deber de ingratitud" con respecto a su nominador, como garantía de que asumen el compromiso de su independencia total como jueces.
Si yo fuera el presidente actual de la Corte Suprema, en los raticos libres que me deje el poder orgásmico de los micrófonos, me dedicaría a establecer cuál de ellos me da más garantías en el cumplimiento de ese "deber de ingratitud" hacia su nominador.
Es decir que, entre el doctor Camilo Ospina y el doctor Juan Ángel Palacio, escogería al que le importe menos que el Presidente se le ponga bravo si se pone a investigar las chuzadas del DAS, los falsos positivos y los ofrecimientos de Sabas.
Queremos a un Fiscal que inspire temor reverencial. Tiene que ser posible sacarlo de esta terna de dos.
¡SE ME OLVIDA! Lo del hipopótamo de Pablo Escobar fue un crimen de lesa naturaleza.
María Isabel Rueda
El Tiempo / 12 de julio de 2009