Tal y como están las cosas en la Corte Suprema, la elección del Fiscal se puede convertir en un largo y tortuoso proceso. Un sector quiere devolver la terna.

Ya es un hecho que el presidente Álvaro Uribe envió a la Corte Suprema una terna de bolsillo para que ésta elija el nombre del nuevo Fiscal General de la Nación. Pero esa no es la noticia. Todos los presidentes han confeccionado sus respectivas ternas con juristas de sus afectos. Andrés Pastrana, incluso, fue más allá: incluyó a dos miembros de su gabinete, la entonces secretaria jurídica y su superintendente de Sociedades.

Tampoco es del todo cierto que esta terna sea peor que otras que se han presentado. Si bien se han visto ternas de lujo, como la que integró el presidente Ernesto Samper con Alfonso Gómez Méndez, la penalista Saturia Esguerra y el ex magistrado Manuel Urueta, también se han presentado otras que no despiertan entusiasmo. Hace ocho años, por ejemplo, la sala penal intentó boicotear la elección.

Pero entender que es un procedimiento recurrente en la historia no atenúa el malestar que se produjo en la Corte Suprema al conocer, casi a la medianoche del viernes de la semana pasada, los nombres de los postulados. "El Presidente designó gente más cercana a él que al derecho", le dijo a SEMANA un magistrado.

Si se pensara en términos de Estado, el perfil de un buen Fiscal General debería tener tres condiciones básicas: que sea penalista, que sea independiente y que sea un personaje destacado en la rama judicial. Pero ninguna de esas características está en las hojas de vida del ex embajador en la OEA Camilo Ospina; ni del ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio; ni de la asesora del Ministerio del Transporte Virginia Uribe.

Esta vez lo que sí puede resultar diferente es que mientras en otras elecciones de Fiscal, el país se sorprendió a última hora porque perdió el favorito (en 2005, Jorge Pretelt, y en 1994, Carlos Gustavo Arrieta), ahora nadie descarta desde ya que se puede dar un palo: que el elegido sea Palacio, quien entró a la terna esa misma noche del viernes, y no Ospina, bendecido desde hace varios meses por el Presidente.

Si los tres son candidatos de bolsillo del Presidente, se pensaría que lo único que tiene que hacer la Corte es elegir el mejor de ellos. Y con esa lógica, la hoja de vida de Camilo Ospina sería la ganadora. En el gobierno del presidente Uribe ha sido secretario jurídico de Presidencia, ministro de Defensa y embajador en la OEA. Pero la lógica de la Corte es otra: "No me puedo imaginar cómo podríamos elegir Fiscal General a alguien que es parte del círculo íntimo de la Casa de Nariño, cuando dos de los casos más importantes que tiene la Fiscalía son las 'chuzadas' del DAS y la visita de alias 'Job' a Palacio para llevar pruebas falsas contra la Corte", dijo un magistrado a SEMANA.

En cambio, Juan Ángel Palacio, si bien también es considerado candidato de bolsillo, tiene una ventaja sobre Ospina y es que fue hasta hace muy poco y durante ocho años magistrado del Consejo de Estado. No sería raro que se repitiera la dosis de la última elección, cuando el candidato que tenía la bendición de Uribe, Jorge Pretelt, terminó derrotado por otro que también tenía puesto el uniforme uribista, Mario Iguarán, pero al que los magistrados habían conocido en su papel de viceministro de Justicia y al menos sabían qué podían esperar de él.

Palacio se encargó de enfatizar esos detalles de su perfil judicial en la presentación que hicieron los tres candidatos el jueves pasado ante la Corte y que fue transmitida por televisión. Dijo que sería un fiscal general independiente -"de la Presidencia y de la Corte"- y puso de presente que su experiencia como juez era la prenda de garantía de su imparcialidad.

La relación de Palacio con el uribismo comenzó en 1995 cuando fue magistrado del Tribunal de Antioquia mientras Uribe era gobernador, y se ratificó hace unas semanas cuando estuvo en la Casa de Nariño para darles argumentos jurídicos a más de 80 representantes, que están siendo investigados, para que voten sin miedo el referendo.

Quienes conocieron a Palacio en sus años de estudiante y profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín destacan dos cosas de él. Sus calidades intelectuales, "cuando estudió derecho en la UPB siempre estuvo becado porque el promedio era superior a 4,5", dijo un fiscal que compartió con él salón de clases, y su tinte conservador: "a la hora de hacer una exposición o en los casos que nos daba para analizar siempre metía el tema del Ejército y lo defendía a capa y espada", cuenta alquien que fue su alumno.

El tercer nombre de la terna es el de Virginia Uribe, conocida del presidente Uribe desde la universidad, fue su asesora jurídica en la gobernación de Antioquia, y amiga y asesora del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego. Tanto su hoja de vida como sus intervenciones prácticamente la han dejado por fuera de competencia. Su nominación, incluso, ha despertado malestar de género: "Es la mejor muestra de que necesitaban llenar el cupo. Virginia no tiene metido el país en la cabeza, su fuerte es lo administrativo", dijo una abogada que la conoce.

Corte dividida en tres

No sería raro que la elección del Fiscal, que se debe llevar a cabo el jueves de la próxima semana, no se resuelva muy pronto. El procedimiento no ayuda. Para ser elegido se necesitan 16 de 23 votos. Y una mayoría como esa será difícil de lograr en una Corte Suprema que está dividida en tres bloques de cara a esta elección.

Uno de los bloques, a pesar de las reservas ya expresadas, votará por Camilo Ospina, como resultado de los más de cuatro meses de campaña en los cuales ex magistrados le han ayudado a tender puentes. El otro bloque votaría por Juan Palacio. Él ha dicho que tiene 14 votos, pero en el interior de la Corte dicen que no son tantos. Y el tercer bloque es partidario de dilatar la decisión e incluso, si fuera posible, devolver la terna. Pero la mayoría de ellos sabe que eso no es viable ni política ni jurídicamente. En medio del choque de trenes entre la Corte y el gobierno, la opinión vería con malos ojos un gesto como ese. Mucho más cuando los candidatos cumplen los requisitos que manda la Constitución.

Este último bloque, si bien no es muy grande -lo conforman unos cinco magistrados-, puede ser decisivo porque se convertiría en el mayor obstáculo para que cualquiera de los otros dos candidatos logre los votos necesarios. Tienen dos cartas para demorar la elección. Una es un derecho de petición firmado por los presidentes de 17 conocidas organizaciones no gubernamentales en el que piden a la Corte devolver la terna con el argumento de que el presidente Uribe tiene un interés particular en la elección por casos como la para-política, la yidis-política y las 'chuzadas' del DAS. Y la segunda es el análisis que hacen algunos magistrados, según el cual con el nuevo sistema penal acusatorio es imprescindible que el Fiscal General sea penalista, pues lo obliga a acudir él mismo a las audiencias a defender ante la Corte casos que lleva su despacho contra altos funcionarios.

Si se impone este grupo, es predecible que se haga más agudo el choque entre el gobierno y la Corte y de paso se terminen desgastando los nombres de los candidatos y desgastando la Corte misma.

La incertidumbre es total. En la propia Corte Suprema nadie tiene certeza de lo que puede ocurrir. Entre los mismos magistrados hay reservas para destapar sus cartas. Si bien no parece haber razones para el optimismo, lo importante es que el Fiscal que resulte elegido entienda el momento histórico que vive el país y se dé cuenta a tiempo de que para la buena salud de la Nación hay que quitarse la camiseta de un equipo particular y dejar que la justicia haga una tarea en casos como el de las 'chuzadas' del DAS, el de las ejecuciones extrajudiciales del Ejército, el de la Yidis-política y el de la para-política. Colombia se está jugando, justo en este momento, nada más y nada menos que la independencia de la justicia.

Semana / 13 de julio de 2009