Por: Ernesto Yamhure
LA ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL de la Nación es muy sencilla. El artículo 249 de la Constitución indica el procedimiento a seguir: el Presidente de la República le envía una terna a la Corte Suprema de Justicia que es la encargada de escoger a quien, en su sabiduría, tenga el mejor perfil.
Fácil y sin muchos vericuetos. Durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente se estudió la posibilidad de elegir popularmente al fiscal y a los jueces. La descabellada iniciativa, como era de suponerse, se hundió para bien de la República.
La designación de los funcionarios judiciales ha generado un debate permanente en los últimos años, particularmente en América Latina. Perú, Chile, Argentina y Uruguay han adelantado sesudos estudios que buscan garantizar la independencia absoluta de la Rama Jurisdiccional y, por supuesto, el asunto de la elección de éstos ocupa un lugar preponderante en el análisis.
Volviendo al caso colombiano, Gustavo de Greiff, Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán fueron seleccionados sin mayores traumatismos. En su momento, la Corte Suprema recibió las respectivas ternas, revisó las hojas de vida y adelantó una serie de entrevistas privadas con los aspirantes para efectos de tener un criterio sobre la personalidad y experticia de la persona que resultaría elegida.
Pero como estamos en una patria de inventores frustrados y de cerebros precoces, en esta oportunidad a la Corte se le ocurrió introducir un nuevo elemento. Mañana, como si se tratara de un reality show, los tres aspirantes tendrán que comparecer en una audiencia pública que será televisada. Allí, frente al país entero, Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe, serán examinados por quienes tienen el poder de elegirlos.
Dice el magistrado Ibáñez que se trata de una iniciativa que busca imprimirle transparencia al proceso. ¿Acaso la Corte Suprema, que se supone está conformada por los más eximios juristas del país, duda de la honradez de sus miembros, razón por la que ahora tiene que televisar sus procedimientos? Si algo de dignidad e hidalguía tienen los ternados, deberían resistirse a la humillación de que serán objeto negándose a presentarse ante las cámaras, cual reinas de belleza.
Si la elección del Fiscal General fuera de competencia popular, seguro ésta no recaería en la cabeza de la Rama Jurisdiccional. Pero en tratándose de un asunto puramente técnico sobre el que el vulgo poco o nada sabe, eso de la audiencia pública y televisada, aparte de ser ofensiva, es una payasada que habla muy mal de quienes tuvieron semejante ocurrencia.
Falta que los productores de este reality, abran las líneas telefónicas para que los televidentes puedan participar y preguntarles a los aspirantes. O mejor aún, para que aquellos, en tiempo real, puedan enviar mensajes de texto votando por el que consideran debería ser la persona que reemplace a Mario Iguarán; al fin y al cabo, cualquier cosa es posible en esta desmoronada y tropicalísima patria.
El Espectador / 09 de julio de 2009