Los abogados Camilo Ospina Bernal, María Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio, estarán en audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. Conozca su trayectoria.

La primera de las dos audiencias que serán televisadas en directo a todo el país, marcará sin duda cómo se moverán las cargas en la elección de la persona que responderá durante los próximos cuatro años por el cargo que muchos consideran el segundo más importante en el Estado después del Presidente.

En la terna que finalmente anunció el presidente Álvaro Uribe el viernes hay dos 'palos': si bien quedó el ex embajador y ex ministro Camilo Ospina, cuya postulación estaba 'cantada', a último momento entraron María Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio. Sus nombres nunca estuvieron en el sonajero e incluso el mismo viernes altas fuentes del Palacio daban en la terna no a este último sino al también ex magistrado Rodrigo Escobar Gil.

Sea quien sea el elegido por los 23 magistrados de la Corte Suprema no será alguien experto en derecho penal, que es básico en todos los temas que maneja la Fiscalía.

La ley, de todos modos, no prevé ese requisito. De hecho, dos fiscales generales no eran penalistas: Alfonso Valdivieso y Luis Camilo Osorio.

De los tres, el más conocido es Ospina. Fue secretario jurídico de Palacio, MinDefensa y embajador en la OEA, donde son recordadas sus intervenciones tras la operación contra 'Raúl Reyes'.

Este abogado boyacense de 49 años, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tiene un posgrado en derecho administrativo y es experto en derecho económico, tributario y Hacienda Pública. Había sonado como candidato para la terna de Procurador, pero finalmente el presidente Uribe decidió reservarlo para la Fiscalía.

La mujer de la terna

La abogada Uribe estudió derecho en la Universidad de Antioquia por el mismo tiempo que lo hizo el Presidente. No fueron compañeros de aula, pero se conocieron en esa época -mediados de los 70- y cuando él fue gobernador de Antioquia (1995 y 1997) la abogada fue asesora externa en contratación. Actualmente asesora al ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego. De hecho, tuvo un papel importante en la entrega de las concesiones portuarias y más recientemente en la firma de la concesión del Runt.

Sus 34 años de experiencia se centran en el derecho administrativo y contractual. Ella le dijo ayer a EL TIEMPO que eso no es una dificultad si llega a ser elegida: "A estas alturas de la vida las normas no se saben de memoria. Uno sabe qué es justicia y una persona se puede rodear de los especialistas necesarios para tomar las decisiones correctas (...) al fin y la cabo la función del Fiscal no es juzgar", dice.

Por su lado, el ex magistrado Juan Ángel Palacio Hincapié salió el año pasado del Consejo de Estado. Es vallecaucano y de filiación conservadora. Se graduó en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y entre sus especializaciones están el derecho administrativo y el derecho público. Fue magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia y jefe del Departamento Jurídico de Procesos y Reclamaciones de EPM.

Como consejero de Estado fue titular de ponencias relacionadas con asuntos económicos y ha escrito obras sobre temas como el recaudo de pruebas en los procesos de pérdida de investidura.

Elección en un momento clave

Como nunca antes, la elección del nuevo Fiscal General estará marcada por un momento de fuertes tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia por temas como la parapolítica y la yidispolítica. Por ley, el nominador es el Presidente de la República y el elector, la Corte en pleno (es decir, sus 23 magistrados).

En medio de esas tensiones, algunas fuentes no descartan que precisamente los candidatos que sean considerados como más cercanos al Gobierno tengan menos chance de ser elegidos.

Observadores confiaron en que no se repita la historia de las 'ternas de uno' de la Casa de Nariño (es decir, un candidato casi fijo y dos con poco chance) que se dio en las nominaciones de Procurador y Defensor del Pueblo.

Marcela Prieto, vocera de Elección Visible, coalición de ONG que ejercen veeduría al proceso, consideró que los nombres de la terna corresponden a personas con las mejores calidades para cumplir con esa función y con experiencia en el manejo de lo público. Dijo que el hecho de no sean penalistas no tiene por qué afectar su trabajo.

El Tiempo / 06 de julio de 2009