La recta final del período del fiscal general de la Nación, Mario Uguarán Arana, está llena de sobresaltos. Por estos días es frecuente que en menos de 24 horas tenga que atender asuntos que van desde la posible intención de los involucrados en las chuzadas del DAS por dilatar el proceso, hasta las dificultades en el Congreso para la conciliación de la ley que establece el principio de oportunidad, pasando por el hallazgo del cadáver de un bebé secuestrado en Santander.

Aun así, logra sacarle tiempo a todo. Incluso a la realización de un balance sobre los temas más sensibles que le correspondió manejar durante los cuatro años envueltos en etapa particularmente convulsionada en el país.

En entrevista con CAMBIO habló de la inminencia de las capturas por la crisis del DAS, anunció que el general Miguel Maza Márquez será vinculado al proceso por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento y confirmó que el controvertido ex ministro de Defensa Fernando Botero le dijo a la comisión judicial que lo interrogó en México, que la muerte de Álvaro Gómez Hurtado fue "un crimen de Estado".

Pero hay más. Defendió, en medio de rayos y centellas, la importancia de la ley que consagra en Colombia la aplicación del principio de oportunidad y que permite, entre otras cosas, conceder una suerte de indulto a paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes que estén dispuestos a colaborar con el desmonte de sus organizaciones.

Lo hizo en medio de críticas tan duras como las lanzadas por el ex ministro de Defensa Rafael Pardo que lo acusa de haberse jugado a favor de una norma que puede traer más impunidad, mientras que desatendió el debate crucial sobre la ley de víctimas.

Aunque todavía le quedan cinco semanas largas de gestión, anticipa lo que podría ser su futuro inmediato, una vez abandone el cargo. No irá a una embajada, como creen quienes lo consideran aliado del Gobierno, y tampoco ha pensado en buscar asiento en una de las altas cortes. "Estoy prestado a la burocracia", dice y asegura que se irá por un tiempo del país por razones de seguridad, especialmente de su familia, y que volverá a dedicarse a lo suyo, que es la academia.

¿Por qué después de casi cuatro meses de haber estallado el escándalo por las "chuzadas" del DAS a magistrados de la Corte Suprema, varios de los principales implicados no han rendido indagatoria? ¿A qué se debe tanta dilación que despierta sospechas?

Hay que presumir la inocencia de las personas y la lealtad procesal, pero como todo tiene un límite estamos listos para ordenar la captura de algunos que han eludido comparecer ante la Fiscalía. No soy amigo de estos procedimientos pero no voy a permitir que le hagan el quite a la obligación que tienen. Es más, si esta situación persiste, como por ejemplo en el caso del doctor Mario Aranguren, vamos a ir ante los jueces para hacer las imputaciones o a librarle orden de captura para indagatoria.

¿Es posible que la apuesta de los que se han negado a comparecer sea que, como su período termina en julio, van a lograr un tratamiento más benévolo de su sucesor?

No sé cuál es la razón exacta pero no descarto esa hipótesis. Si es así, están engañados porque hasta el último minuto voy a cumplir con mi deber. Por eso es que no dudaremos en acudir a las capturas para que pongan la cara aquí y ahora.

¿Con las pruebas de que dispone la Fiscalía, diría que el DAS fue utilizado para perseguir a la oposición? ¿Se ha criminalizado la inteligencia del Estado?

No hago juicios prematuros. Por lo pronto, hay que reflexionar sobre la calidad del recurso humano que ha empleado el DAS. Creo que ahí está su principal falencia: no reparó lo suficiente en las calidades de las personas a las que encomendó las responsabilidades más sensibles.

Miembros de la Comisión de Acusación dicen que usted omitió su deber de denunciar cuando conoció documentos de la Uiaf sobre movimientos financieros de algunos magistrados.

Si la Comisión considera que omití el deber de denunciar está suponiendo que hubo un delito, y si hubo un delito está en mora de abrir investigación y de llamar a indagatoria a los magistrados. Si así fuera, la Comisión tendría también que reprochar el comportamiento de la Uiaf, porque no vio delito o porque si lo vio omitió denunciarlo ante la Comisión que es la competente.

De todas maneras, hace un año la Fiscalía conoció los informes de la Uiaf...

Sí, le llegaron a un fiscal de la Unidad contra la Extinción del Dominio y el Lavado de Activos y en su momento ese fiscal consideró que no revelaban la existencia de delito alguno. La ley y la jurisprudencia dicen que el servidor público que tenga evidencia de un delito abre investigación si es competente, y si no lo es compulsa copias ante el competente.

En esta recta final de su gestión se advierte cierto énfasis en materia de Derechos Humanos, y han "resucitado" investigaciones por los magnicidios de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez. ¿Hay nuevos hallazgos?

Sí, nos dimos a la tarea de promover e impulsar las investigaciones por violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Y en el caso específico de los magnicidios, decidimos acelerar la búsqueda de las respuestas que reclama el país. El fiscal del conocimiento está evaluando la vinculación del ex director del DAS, general (r) Miguel Maza Márquez, al proceso por la muerte del doctor Luis Carlos Galán.

¿Y qué hay sobre otros oficiales retirados y dirigentes políticos a quienes se les relaciona con ese crimen?

Ese es un punto que requiere de mayor valoración.

En el proceso por la muerte de Álvaro Gómez, un fiscal acaba de recoger en México el testimonio del ex ministro Fernando Botero. ¿Qué dijo Botero y qué tan significativo puede ser el testimonio de un personaje tan controvertido?

Ese proceso tiene una connotación especial, una complejidad inmensa y una reserva lógica. Lo que se sabe es que el ex ministro Botero ha dicho que fue un crimen de Estado, pero una declaración como esta, o como cualquier otra, la Fiscalía debe someterla a un proceso de verificación y evaluación. Es todo lo que puedo decir por ahora.

¿En qué van las investigaciones por los mal llamados falsos positivos?

En esta lucha frontal tomamos 548 decisiones relacionadas con homicidios fuera de combate, llamados también ejecuciones extrajudiciales y conocidos como falsos positivos. Se han dictado 26 sentencias durante los últimos dos años, pues la Justicia acometió a fondo las investigaciones hace más de dos años, incluso antes de los luctuosos hechos de Soacha que captaron la atención nacional.

Parece que se ha perdido el temor a investigar violaciones de los derechos humanos...

Sí. Reportamos las primeras investigaciones en la historia judicial de este país por desaparición forzada. Y no solo las primeras investigaciones sino las primeras acusaciones y las primeras sentencias por desaparición, por desplazamiento forzado, por tortura, masacres y magnicidios, tanto con el nuevo como con el anterior procedimiento penal. Para dar un ejemplo, después de muchos años nos dimos a la tarea de promover la investigación por el desplazamiento de las negritudes en el Urabá antioqueño y por las desapariciones en los hechos del Palacio de Justicia.

A la luz de esas investigaciones, ¿hay razones para afirmar, como aseguran algunas ONG, que esos crímenes respondían a una política de Estado?

Con la autoridad que nos da el hecho de que en los últimos tres años hemos logrado más del 75 por ciento de las sentencias condenatorias por asesinato de sindicalistas que se han dado en la historia judicial del país, y con la autoridad que se deriva de haber impulsado el primero y el último proceso por falsos positivos, puedo decir que no es así. Aunque en forma excepcional, en algunos casos de muertes de sindicalistas hemos advertido responsabilidad de agentes del Estado, pero de ahí no podemos concluir que se trata de una política oficial.

¿Cuál es la utilidad práctica de la ley que permitirá aplicar el principio de oportunidad?

Es una oportunidad que nos damos los colombianos para la reconciliación. En cifras redondas, son 20.000 desmovilizados de las autodefensas y potencialmente más de 40.000 guerrilleros de las Farc y de otros grupos armados ilegales, que tendrán la oportunidad de desmovilizarse y reincorporarse a la sociedad civil. Es un mecanismo que permite abstenerse de abrir investigación o de suspenderla, si está abierta, para aquellos militantes rasos sobre los cuales el Estado no tiene evidencias para imputarles un delito distinto a la pertenencia al grupo armado ilegal.

¿Qué les responde a quienes sostienen que esa medida implica mayor impunidad?

No es así. El principio de oportunidad no lo concede un fiscal, lo concede un juez por petición de un fiscal. Y para que un juez lo conceda es necesario escuchar a las víctimas y al Ministerio Público, que es el representante de la sociedad. Si las víctimas y Ministerio Público no están de acuerdo, difícilmente un juez concederá el principio de oportunidad.

¿El principio es aplicable a narcotraficantes rasos que quieran denunciar a los capos?

Sí, también es aplicable en casos de narcotráfico y terrorismo, pero debe quedar claro que no se aplicará a los capos, líderes, cabecillas o jefes. Está reservado para los de bajo nivel, para los 'fusibles' de carteles mafiosos o bloques o frentes que den información eficaz y eficiente para desarticular las organizaciones y capturar a los capos. A pesar de los logros en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, tenemos que reconocer que no ha sido suficiente. Aún seguimos hablando de los carteles de la droga y de los mismos bloques o frentes del terrorismo: del cartel del Norte del Valle, de la Teófilo Forero. Necesitamos instrumentos como los que tienen países de ordenamiento jurídico y político con tradición en esta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Por ejemplo...

Estados Unidos, donde rige también el sistema penal acusatorio. Allí, el principio de oportunidad es la regla general y el principio de legalidad, es decir abrir investigación, es la excepción. Allá excepcionalmente se abre investigación penal frente a un delito. En Colombia, en cambio, el principio de oportunidad es la excepción y el de legalidad la regla. Aquí hay que abrir investigación por todo, existe una cultura de que hay que resolver todos los problemas con fiscales y cárceles.

Pero la figura huele a indulto...

Sí, en la medida en que no solo sirve para cesar investigaciones ya abiertas, sino en casos en los que hay condena.

¿Por qué pidió al Congreso que aprobara este principio?

Porque veníamos aplicando a miembros de las autodefensas y de las guerrillas una ley que permitía inhibirse o cesar y hasta indultar si había sentencia, pero la Corte dijo que estos combatientes rasos no incurren en rebelión sino en concierto para delinquir. Frente a ese limbo jurídico que se creó porque ya había desmovilizados que se habían reincorporado a la sociedad, nos vimos obligados a ir al Congreso para que nos diera este instrumento.

¿Por qué si la Ley de Justicia y Paz lleva cuatro años de vigencia no hay condenas a paramilitares?

El proceso de Justicia y Paz cobró una dinámica muy importante. Recuerden que no llegábamos a imputaciones porque la Corte Suprema no nos permitía hacerlas de manera parcial, pero en buena hora, en debates académicos con la sociedad civil, con el Centro de Toledo, con juristas, con funcionarios de la Corte Penal Internacional, logramos mostrarle a la Corte Suprema que era necesario remover ese obstáculo. A partir de ahí hemos hecho más de 100 imputaciones.

La ley también ha permitido desenterrar la verdad y hallar los restos de más de 2.000 personas que se daban por desaparecidas. Con mucho dolor pero con satisfacción hemos podido entregarles los restos a sus familiares y sacarlos de esa tortura psicológica. También hemos conocido hechos sobre los cuales la Justicia no tenía la más mínima idea. Las decisiones que hemos tomado por el asesinato de sindicalistas o por ejecuciones extrajudiciales se deben a la información obtenida dentro de Justicia y Paz. Y gracias al mismo proceso, la Corte Suprema y la Fiscalía han tomado muchas de las decisiones en el fenómeno que se conoce como 'parapolítica'.

¿Le ha costado mucho al país asumir el sistema acusatorio?

Sin duda, pues ha sido una auténtica revolución jurídica que ha llevado a la tecnificación de la Policía Judicial y al fortalecimiento del sistema de protección de víctimas y testigos. Los avances son tan firmes que tenemos el reconocimiento de tribunales internacionales, que nos piden nuestros servicios para el manejo de testigos. Gracias al nuevo régimen hemos esclarecido masacres como la de Jamundí y homicidios de especial connotación como el crimen de doña Liliana Gaviria.

¿Qué hacer para salir del círculo vicioso del enfrentamiento entre el Gobierno y las cortes?

Yo, que no soy más que el Fiscal General de la Nación, no podría dar opinión diferente a que creo que Gobierno y cortes son capaces de superar las dificultades y que no requieren árbitros. De ambos lados habrá que esperar gestos que demuestren que han depuesto los ánimos. Pero no podemos decirnos mentiras: hay un enfrentamiento entre el Gobierno y las cortes.

La Corte negó la extradición de 'Martín Sombra'. ¿Qué piensa de eso?

No comparto para nada esa decisión. De compartirla estaría negando la posibilidad de procesar a ciudadanos ecuatorianos, mexicanos, españoles, franceses y de otros países que desde territorio extranjero han apoyado el terrorismo de las Farc, como lo indica, entre otras evidencias, el computador de 'Raúl Reyes'.

¿Complacido con la aprobación para convocar un referendo de imponer cadena perpetua a los violadores de los niños?

Ello se justifica por la especial vulnerabilidad de las víctimas y la especial peligrosidad de los victimarios, de aquellos que desprecian y manosean a los niños y sus derechos. No imponerles cadena perpetua y no votar esta iniciativa es lo mismo. El país tiene que reaccionar también contra las personas desnaturalizadas que llegan a segar la vida de un inocente como es el caso del bebé Esteban en Santander.

A esta hora de balance, es inevitable preguntarle sobre su futuro. ¿La Corte Suprema? ¿Una embajada?

Solo pienso en volver a lo mío, a la academia, al ejercicio profesional y, sobre todo, a mi familia. Seguramente saldré del país un tiempo para bajar ciertas presiones y conseguir una relativa seguridad para los míos. Yo solo estoy prestado a la burocracia.

Cambio / 18 de junio de 2009