El Presidente tiene hasta el 31 de julio para presentar la terna de candidatos para que la Corte Suprema escoja al próximo Fiscal.

Uribe necesita una persona de confianza para el cargo pues el sucesor de Mario Iguarán tendrá que resolver varios temas sensibles para el gobierno: decidir si impulsa o desiste de los procesos de la parapolítica; si judicializa a los congresistas involucrados en el proceso de la Farcpolítica; si condena a los militares acusados de falsos positivos; si recopila pruebas que le sirvan de evidencia a la Corte Penal Internacional para armar un caso contra Colombia, para citar solo algunos temas.

Esto, sin contar con los más obvios: "El gobierno necesita una persona que se identifique con la política criminal del Presidente y con su política de Seguridad Democrática", dice el penalista Jaime Granados, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho y abogado muy cercano a la Casa de Nariño. "Y que tenga capacidad de ejecutar con éxito esa política."

Pero también necesita un candidato que la Corte Suprema apruebe. Para elegir Fiscal, 16 de un total de 23 magistrados tendrán que aprobarlo. Las salas civil y laboral de la Corte tienen cada una siete magistrados, mientras que la penal -que es con la que más conflictos ha tenido el Presidente- tiene nueve. Es decir, que no basta con contar con el apoyo de una sola sala.

Granados cree que la Corte "va a escoger un candidato que tenga un alto nivel técnico, probidad y rectitud." Pero funcionarios de la Corte dijeron a La Silla Vacía que privilegiarán por encima de todo su independencia frente al Presidente. "Que no sea un servidor o ex servidor del Gobierno", dijo uno de ellos.

Si esa opinión prevalece, eliminaría de entrada a quien se perfila como el candidato preferido del Gobierno: Camilo Ospina.

El abogado rosarista y ex Ministro de Defensa Camilo Ospina comenzó su carrera en el área de derecho administrativo y económico -en el que tiene especialización- como asesor jurídico de la Dirección de Impuestos Nacionales en 1982. En 1992, fue Secretario General del Ministerio de Hacienda cuando Rudolph Hommes era ministro de César Gaviria. Hommes lo recomendó como Secretario Jurídico a Uribe durante su primer Gobierno.

De ahí pasó a convertirse en Ministro de Defensa en julio de 2005. Ocupó durante un año el cargo con un poco más de pena que de gloria. Cuando la revista Semana denunció las torturas a 21 soldados por parte de sus superiores en el Batallón Patriotas de Honda, Tolima, a Ospina se le criticó no haber aceptado una responsabilidad política por el hecho. El Ministro se limitó a mostrarse "avergonzado" con el episodio y a aceptarle la renuncia al General Reynaldo Castellanos, quien había liderado con éxito la Operación Libertad I para romper el cerco de las Farc en Cundinamarca.

También se le critica ser el autor de la polémica directiva 29 de 2005, que definió la política de recompensas de las Fuerzas Militares, hoy en el ojo del huracán porque aunque no se ha podido establecer un vínculo directo entre la norma y los falsos positivos si creó un incentivo perverso y pocos controles para evitar abusos.

Si bien se caracterizó por ser un ministro silencioso, una vez fue designado Representante Permanente de Colombia ante la OEA, en Washington, en julio del 2006, se convirtió en un aguerrido defensor del gobierno en el escenario internacional.

Cuando el Ejército bombardeó el campamento guerrillero de Raúl Reyes provocando un incidente diplomático con Ecuador y Venezuela, Ospina hizo una vehemente defensa del derecho de los colombianos a defenderse. También acusó a Venezuela de enriquecer uranio (aunque sin pruebas contundentes) y al Presidente nicaragüense Daniel Ortega por su cercanía con las Farc. Ospina renunció hace un mes a su puesto en la OEA y no ha ocultado su interés en ser el próximo fiscal.

Para la cuota de las mujeres, las dos que más suenan son Leonor Perdomo y Marilú Méndez. Méndez es la más opcionada. La actual directora del CTI, una abogada tolimense de la Universidad Católica, lleva casi 20 años en la Fiscalía en las direcciones del CTI en Bucaramanga, Ibagué, Medellín, Santa Marta y Cali y ha ascendido poco a poco a punta de trabajo.

Tiene varios amigos en la Sala Penal porque ella fue encargada por el Fiscal General para realizar las capturas de los parapolíticos ordenados por la Corte Suprema. Y en sus manos recae la responsabilidad de elaborar el informe de la Fiscalía sobre las chuzadas del DAS, que al parecer se está centrando sobre todo en el período de Noguera. Por ejemplo, hace poco el magistrado César Julio Valencia y su abogado Ramiro Bejarano pidieron ser admitidos como víctimas del DAs y el fiscal encargado les respondió que en el informe del CTI no aparecía ningún registro de Bejarano.

Méndez también es cercana al Presidente Uribe, pues fue la directora del CTI en Medellín durante buena parte de su gobernación. Ella lideró el grupo del CTI que desvirtuó el testimonio del paramilitar Francisco Villalba - un mentiroso compulsivo- que involucraba a Uribe con la masacre del Aro.

Sin embargo, los escándalos derivados de una conversación con ‘Juancho', un sargento del Ejército, que era enlace del narcoparamilitar Hugues Rodríguez, alias ‘Barbie', solicitado en extradición, cuando oficiaba como jefe de la Fiscalía Regional en Santa Marta, pueden empañar su elección dentro de la baraja de candidatos a reemplazar al titular del organismo aunque en ese momento, el Fiscal Iguarán aceptó su explicación de que se trataba de una labor de inteligencia con un sargento que era fuente suya (ver artículo al respecto en Semana).

La otra mujer opcionada es Leonor Perdomo, quien presidió el Consejo Superior de la Judicatura. Es abogada rosarista, compañera de Andrés Pastrana, férrea, con mucho carácter. No es penalista. Fue nombrada por el Presidente para el Tribunal Andino de Justicia.

Estuvo en el centro de la polémica cuando concedió a favor de Jorge Noguera, ex director del DAS acusado de varios crímenes, la tutela que lo sacó de la cárcel.

"Ordené la libertad del señor Noguera porque estaba mal detenido, pero en ningún momento he dicho, porque no me corresponde hacerlo, que sea inocente o culpable de los cargos que le imputan", se defendió en su momento en una entrevista de la revista Cambio.

Ella es la candidata preferida de los militares, que están haciéndole lobby al Presidente para que nombre alguien de confianza, pues el número de militares detenidos por los falsos positivos asciende a cuatrocientos.

Por último, está el gallo tapado. Hay dos que entraron recientemente al sonajero: Carlos Albornoz y Diego Corredor. Ambos fueron supuestamente -la Silla Vacía no pudo verificar esto porque no logramos hablar con el rector- recomendados a Uribe por el rector de la Universidad Sergio Arboleda Rodrigo Noguera, quién también influenció la nominación de Jorge Pretelt para la Corte Constitucional.

El nariñense Carlos Albornoz, encargado hasta hace poco de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que administra todos los bienes de la mafia y un multimillonario presupuesto, es un abogado javeriano que ha hecho toda una carrera política. Saltó de estar en la lista de la alianza Democrática M-19 al lado de Antonio Navarro al Partido Conservador, muy cercano a Sabas Pretelt.

Fue diputado en la Asamblea de Nariño en 1978; alcalde de Pasto en 1980; gobernador de Nariño en 1982; representante a la Cámara entre 1982 y 1990 y senador de 1990 a 2006.

En 2008, la revista Cambio denunció su supuesta participación en irregularidades en el manejo de dineros de subsidios de vivienda cuando se desempeñó como congresista entre 1982 y 2006.

Albornoz renunció hace un par de semanas a la DNE con la idea de unirse a la causa reeleccionista, y en caso de que no prospere el referendo apoyar al candidato conservador. "Goza de confianza del Presidente", dijo Granados a la Silla Vacía.

El otro que entró recientemente en la baraja es Diego Corredor, un abogado de la Universidad Externado de Colombia y profesor de derecho de la Sergio Arboleda y del Externado. Está especializado en derecho penal y criminología en la conservadora Universidad Complutense de Madrid, España. Salvo por la recomendación de Noguera, no es muy claro por qué Uribe lo incluiría en una terna.

Algunos creen que la estrategia del Presidente será demorar el nombramiento de la terna y dejar al vicefiscal Guillermo Mendoza a cargo.

Mendoza es un hombre de carrera en la Fiscalía. Iguarán lo heredó de Luis Camilo Osorio y se ha caracterizado por tomar decisiones polémicas como archivar la investigación en contra del ex gobernador de Sucre Salvador Arana, dejar en libertad al General Rito Alejo del Río o revocar la medida de aseguramiento en contra de Mario Uribe tomada por el fiscal encargado del caso . Desde hace varios meses reposa en sus manos el expediente de la yidispolítica. Dado que en sus manos está la suerte de gente muy cercana al gobierno, meterlo en la terna podía ser interpretado como una forma de presionar una decisión. Dejarlo como encargado durante meses podría convertirse en la mejor opción del Presidente para el cargo de Fiscal.

La Silla Vacia / 18 de junio de 2009