Por: Elisabeth Ungar Bleier

SI AÚN PERSISTÍAN DUDAS SOBRE EL alcance y las implicaciones de las intenciones del presidente Álvaro Uribe y de su equipo de colaboradores al promover la primera, y ahora la segunda reelección inmediata del primer mandatario, en las últimas semanas éstas han quedado totalmente despejadas.

Con la conformación de las ternas para elegir al Procurador General de la Nación y dos magistrados de la Corte Constitucional, el presidente Uribe ha confirmado su intención de extender su influencia a los organismos de control y a la Rama Judicial. Los temores expresados por la elección del procurador Ordóñez parecen confirmados con su decisión de absolver a cinco funcionarios del Gobierno por presuntos vínculos con la "yidispolítica", acuñando de paso la figura del cohecho sin contraparte, en la medida en que la ex congresista Medina se encuentra privada de la libertad precisamente por este delito.

En cuanto a las ternas para escoger a los reemplazos de dos miembros de la Corte Constitucional, también han surgido dudas sobre su eventual independencia frente al actual Gobierno. Esto se debe no solamente a la evidente cercanía ideológica de los más opcionados con la llamada "doctrina Uribe". También a que ninguno de los seis candidatos tiene una reconocida trayectoria como constitucionalista ni una destacada producción académica en temas relacionados con esta rama del Derecho, lo que los hace más vulnerables a las presiones externas de "expertos" frente a decisiones de gran envergadura que deberán tomar. Por ejemplo, la constitucionalidad del referendo.

Los objetivos del Presidente de controlar las otras ramas del poder público se han evidenciado igualmente en las últimas semanas con los movimientos de sus principales "alfiles" José Obdulio Gaviria y Luis Carlos Restrepo. Estos no han ocultado su intención de reconfigurar el mapa político para debilitar a posibles contendores y de paso a algunos partidos políticos, por lo menos a los que pueden resultar incómodos para los propósitos reeleccionistas, y por esta vía asegurar las mayorías en el Congreso. No de otra manera se explica el castigo burocrático a Cambio Radical y el inesperado apoyo unánime de sus miembros al proyecto de referendo, cuando hace apenas unas pocas semanas defendían la tesis de la reelección en 2014. O los poco disimulados coqueteos con quien fuera uno de los precandidatos del Partido Liberal en 2002 y que hoy quiere aparecer como el adalid de la seguridad democrática. O los intentos de lograr que los partidos uribistas pequeños, debilitados por los estragos de la parapolítica, se alíen con el Partido de la U.

El eslabón que faltaba para asegurar la injerencia del proyecto uribista en todo el Estado es la propuesta de reelección inmediata e indefinida de alcaldes y gobernadores que el ministro técnico del Interior y de Justicia va a presentar al Congreso. Es decir, no contentos con debilitar el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos, el Presidente y sus fieles discípulos quieren extender su influencia a los entes territoriales y locales, a cambio de promover otro articulito que acabaría por cercenar la alternancia en el poder, otro principio elemental de la democracia.

*Directora del Programa Congreso Visible, Universidad de los Andes.

El Espectador / 26 de marzo de 2009