LA CORTE CONSTITUCIONAL ESTÁ integrada por nueve magistrados elegidos por el Senado, de ternas enviadas por el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
Tres de esos magistrados están apenas iniciando sus períodos de ocho años y se espera que en marzo del próximo año concluya el complejo proceso de llenar las seis vacantes restantes.
¿Recobrará su independencia esta nueva Corte o continuará su proceso de uribización?, es la gran inquietud surgida por causa de la reforma constitucional que autorizó la reelección presidencial sin que se hicieran los ajustes necesarios en las demás instituciones para asegurar los contrapesos democráticos.
Los cuatro nombres escogidos por el Senado fueron candidatizados por ternas del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sin que de ninguno de ellos se conozca militancia política alguna.
Del magistrado antioqueño Jorge Iván Palacio lo único que se divulgó durante el proceso de su selección fue el haber rendido un cuestionado concepto profesional al ex ministro Fernando Londoño, para sustentar su alegato de que sí había sido trabajador de Invercolsa, en contravía de lo decidido por varios importantes tribunales en ese ruidoso litigio. Aunque eso por sí mismo no lo inhabilita moral ni legalmente, le impone al nuevo funcionario obrar con más precaución de la debida.
Del caleño Juan Carlos Henao se conoce un brillante recorrido en la vida académica que le ha ganado el respeto de todos sus colegas y de sus alumnos en Colombia y en Francia. Es un prolífico autor de obras jurídicas, consultado en todos los despachos judiciales, además un árbitro cuidadoso que ha tenido bajo su batuta la resolución de importantes litigios. Quienes lo conocen, aprecian su estilo descomplicado e informal y esperan de su paso por la Corte que impulse y apoye las grandes transformaciones de la jurisprudencia constitucional.
Del cartagenero Gabriel Eduardo Mendoza se tiene noticia reciente de su afortunado periplo como magistrado del Consejo de Estado, donde se hizo respetar y apreciar por sus compañeros.
De Luis Ernesto Vargas Silva se habla bien en la Rama Judicial, a la cual ha servido con brillo y pulcritud durante más de veinticinco años. Lo mismo opinan sus estudiantes y colegas de la academia, quienes reconocen en este tolimense a un jurista librepensador y de franca tendencia renovadora en el derecho. Muy pocos creían en su aspiración, por lo que se convirtió en el "palo" de la jornada, de quien también se esperan grandes logros.
Puestos en una balanza los nuevos cuatro magistrados, podría decirse que salvo en el caso de Vargas Silva, cuyo recorrido ha transcurrido exclusivamente en los austeros despachos judiciales, los otros tres, si bien no ejercen actividad política, por la forma mayoritaria en la que fueron ungidos en el Senado, parecerían no estar muy distantes del gobierno del presidente Uribe y las bancadas de coalición.
Resta por seleccionar dos ternas más de candidatos, ambas por el Presidente de la República, y hay allí justificados temores de que pueda ocurrir algo similar a lo que ya sucedió con Mauricio González Cuervo, ex secretario jurídico del presidente Uribe, cargo que dejó para ser magistrado de la Corte Constitucional, lo cual sigue suscitando críticas.
Se rumora que el Gobierno no ha elaborado todavía sus dos ternas, en espera de que concluya el período del actual procurador Maya, a quien ternaría como uno de sus candidatos, lo que de ser así, por razones obvias, no tendría buena presentación, ni para el escogido, ni para el Gobierno, ni para la propia Corte.
A la nueva Corte le corresponderá superar el "choque de trenes" y revisar la constitucionalidad del referendo y la ley de víctimas, entre otras. Ojalá esta reintegración concluya exitosamente y que tengamos una corporación independiente, despojada de intereses politiqueros.
El Espectador / 08 de diciembre de 2008