Por: Rodolfo Arango
CUANDO ESTAS LÍNEAS SEAN LEÍdas, probablemente conoceremos ya los nombres de otros dos de los nuevos seis magistrados de la Corte Constitucional para el período 2009-2016.
Esperemos que el compromiso con los principios, derechos y deberes fundamentales se mantenga y que tengamos en el alto tribunal la confianza que hemos tenido hasta ahora en sus diecisiete años de existencia. El Senado de la República debe elegir entre los aspirantes según méritos. Ojalá las negociaciones políticas de las diferentes agrupaciones no se antepongan a los intereses generales. Académicos de prestigio y con experiencia en la función judicial están llamados a vigilar el ejercicio del poder dentro de los límites constitucionales y a desarrollar los mandatos del constituyente de 1991. Si todo marcha bien, el país despertará este jueves con magistrados de la talla de Rodrigo Uprimny, Juan Carlos Henao o Danilo Rojas. De lo contrario, la clase política senatorial estará llamada a sufrir una gran renovación en las próximas elecciones. Las pruebas de las calidades intelectuales y humanas de estos candidatos han sido documentadas y hechas públicas por la sociedad civil.
El Senado de la República tiene igualmente la responsabilidad de elegir al supremo director del Ministerio Público, quien dentro de sus funciones primordiales debe proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. Para reemplazar al saliente destacado procurador general de la Nación han sido postulados tres juristas conservadores con diferente perfil. Por el Consejo de Estado: Alejandro Ordóñez, ex consejero, seguidor del tradicionalismo católico y declarado antiliberal. Por el Gobierno: Germán Bustillo Pereira, ex locutor de RCN Radio y profesor de la Universidad Militar, entre otras. Y, por la Corte Suprema de Justicia: Camilo Gómez, ex Comisionado de Paz del presidente Andrés Pastrana. El aspirante Ordóñez parece tener más lealtad a la fe católica y al tradicionalismo hispánico que a la justicia y a los derechos humanos. No sólo ha sido condecorado por las huestes carlistas del catolicismo político español con la "Orden de la Legitimidad Proscrita" en 2006, sino que ha perseguido la libertad de expresión artística (caso Soho y la Última Cena) y ha adoptado posiciones sorpresivamente blandas frente a congresistas procesados por parapolítica, como fuera advertido en su oportunidad por un colega suyo. No deja de ser paradójico que la Cámara Alta del Congreso colombiano, a casi doscientos años de la muerte del prócer de la Independencia y promulgador en la República naciente de los Derechos del Hombre, Antonio Nariño, esté a punto de confiar la protección de los colombianos a un seguidor de los contrarrevolucionarios Balmes, de Maestre y Donoso Cortés, enemigos de los derechos humanos.
Razones de interés nacional desaconsejan igualmente la elección como Procurador del profesor Bustillo. Recuerden su expresión, medio en chiste, medio en serio: "¡Vaya la Europa al carajo!". Los escritos del insigne profesor de derecho constitucional y de filosofía del derecho brillan por su ausencia. En la hoja de vida aparecen como sus únicas publicaciones sus ¡"apuntes de clase"! Como profesor de la Universidad Militar, su aspiración no puede ser más inoportuna para el país, en mitad del escándalo internacional por los asesinatos cometidos por miembros del Ejército contra jóvenes humildes para hacerlos pasar por guerrilleros. La carente efectividad de sus clases en la Escuela Militar puede ser premonitoria de una desamparada procuraduría de derechos humanos. Y mientras esto sucede, avanzan la DMG, la Yidis y la parapolítica uribista.
El Espectador / 03 de diciembre de 2008