En las altas cortes habrá una transformación que podría tener aún más impacto que cualquier reforma a la justicia. Este año se elegirán 17 nuevos magistrados, una renovación sin antecedentes en la historia reciente. En esas elecciones hay una gran oportunidad, pero también un gran riesgo.
Por un lado, la llegada de los mejores puede devolverle la credibilidad y el prestigio que ha perdido la justicia, en un país en que el 78 % no confía en su cúpula. Pero por otro lado, el proceso también se puede prestar para que confluyan allí todo tipo de intereses políticos y electorales que terminen minando más la imagen del Palacio de Justicia.
Justo esto último es lo que puede estar pasando en el Consejo de Estado. De los 31 puestos, diez estarán vacantes este año. Esta semana se le acabó el período al magistrado Marco Antonio Velilla y se espera que en los próximos meses salgan otros más. Por ejemplo, también se retira por estos días el magistrado Gustavo Gómez Aranguren.
Faltan tantos magistrados, que la situación ya se está convirtiendo en un problema. En la sección quinta, por ejemplo, que es la que lleva los casos de pérdida de investidura de los congresistas y demandas tan importantes como la que busca anular la elección del procurador, ya ni siquiera se alcanza a completar el quórum. Las decisiones las tienen que tomar entre tres y en este momento sólo quedan dos togados. La última, la magistrada, Susana Buitrago, se fue hace un par de semanas. Pero el cuarto cupo, el de Mauricio Torres Cuervo, está libre desde mayo del 2013.
Los otros puestos que están vacíos también son fundamentales. Se han ido los magistrados Alfonso Vargas, Marco Antonio Velilla, Augusto Hernández, Bertha Lucía Ramírez, Mauricio Fajardo. Hay hasta situaciones curiosas. Por ejemplo, Enrique Gil Botero terminó su período en agosto del año pasado. El jurista acaba de ser nombrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en el Consejo de Estado aún no se han dado mañas de conseguirle un reemplazo, y su despacho sigue vacío.
El problema es que llenar esas vacantes hasta esta semana no era fácil. El Consejo de Estado tiene un sistema de elección por cooptación, es decir que ellos mismos eligen sus colegas de listas que envía el Consejo Superior de la Judicatura. Pero el organismo está tan fracturado por dentro, que duran años en ponerse de acuerdo. A eso se suma que para que entrara un nuevo magistrado se necesitaban 21 votos, y había 23 miembros. Eso consolidó lo que muchos magistrados denominan una "tiranía de las minorías", pues sólo una persona puede bloquear una elección.
Pero esas reglas acaban de cambiar. El tema había sido una gran preocupación para la justicia. Pues, por ejemplo, por cuenta de las peleas internas en la Corte Suprema, el país no tuvo fiscal general por más de un año y por otro lado, decisiones fundamentales terminan siendo tomadas por conjueces, que son externos a la rama judicial.
La reforma de equilibrio de poderes había establecido que si en el plazo de dos meses los magistrados no elegían los reemplazos de sus colegas, el nuevo organismo que reemplazaría a la Judicatura podía hacerlo. Sin embargo, esa norma se retiró pues fue uno de los acuerdos a los que llegó el Gobierno con las cortes.
Hace dos semanas el Consejo de Estado publicó su nuevo reglamento interno para que el quórum fuera sobre los miembros presentes y no sobre el total, y así destrabar las elecciones.
Por eso es muy importante que la selección de los nuevos magistrados, que comienza bajo otras reglas se lleve con lupa. Hay herramientas para que esto sea así. Elección Visible, (http://eleccionvisible.com), una alianza de varias organizaciones sociales, hace un seguimiento al proceso. Por primera vez, el Consejo Superior de la Judicatura ha hecho pública la convocatoria y ha realizado audiencias para que los candidatos interesados expongan sus puntos de vista.
Elegir a quienes queden en esos diez puestos será una de las decisiones más claves para la justicia este año.
Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-estado-busca-magistrados/434229-3