El pasado 17 de julio el entonces magistrado Alberto Rojas Ríos abandonó la Corte Constitucional cumpliendo la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró nula su elección por cuestiones ajenas a su función.

Sin embargo, antes de irse de la corporación, Rojas se jugó una carta clave para mantener abierta la posibilidad de regresar a Corte Constitucional. Entabló una tutela por violación al debido proceso la cual, según voces del alto tribunal, tiene buen futuro.

En la tutela, el ahora exmagistrado insistió en que el Consejo de Estado no era el competente para anular su elección puesto y argumentó que era la Corte Suprema de Justicia la encargada de estudiar la demanda de nulidad sobre su elección.

Con ella el jurista abre la posibilidad de que se decrete una medida cautelar que suspenda la ejecución del fallo en su contra. De proceder, Rojas podría volver al cargo hasta que haya una decisión de fondo en el alto tribunal. Así ocurrió con el alcalde Gustavo Petro.

Sin embargo, la tutela llegó a las secciones primera, segunda y tercera del Consejo de Estado, en donde 'llovió' una 'cascada' de impedimentos para apartarse del conocimiento de la acción. Su principal argumento radica en que, al haber participado en la postulación de Rojas como magistrado y ahora estudiar una tutela que busca restituirlo, no tendrían total independencia.

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