Según la iniciativa, el propósito es que estos funcionarios no incidan en su elección para otra corporación o entidad. Específicamente, se propone que el Procurador no pueda utilizar su función disciplinaria para influir en su designación para otros cargos, ni se valga del poder burocrático para conseguir aspiraciones individuales.

En ese sentido, se modificaría el periodo del Procurador, pues en cargos como el de Contralor, Fiscal o magistrados de las altas cortes, la Constitución sí previó una limitación para quienes ejercieran en propiedad dichas funciones.

La idea, explica la propuesta es que quien se haya desempeñado como Fiscal General, Controlar General, Procurador General o magistrado de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura no pueda ejercer otro, sino luego de cinco años del vencimiento del periodo.

(Cámara de Representantes, Proyecto de Acto Legislativo 004/14C, jul. 20/14)