La acción fue presentada por Carlos Mario Isaza, uno de los participantes en la convocatoria abierta por la Corte, quien considera violados sus derechos, por la interpretación equívoca del artículo 77 del Reglamento Interno que hizo el alto tribunal para elegir a Maya.

A su juicio, el nombre del exprocurador no podía ser tenido en cuenta para concursar, pues había sido excluido del primer proceso que adelantó la Corte, en el que ninguno de los candidatos fue seleccionado.

Según la acción, durante el proceso, se omitió efectuar una tercera votación, a pesar de que en las dos primeras no se consiguió la mayoría absoluta para seleccionar al candidato. Por el contrario, agrega, se procedió a nominar a Maya, quien, asegura Isaza, no se encontraba inscrito en la segunda convocatoria.

El Tribunal consideró que, dada la proximidad de la designación del nuevo Contralor General por parte del Senado, era necesario aplicar el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, que permite suspender los actos administrativos que puedan consumar la violación derechos.

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