El Congreso de la República en pleno cedió a la presión ciudadana y a las voces de diversos sectores profesionales y organizaciones de la sociedad civil, y dejó sin efecto la designación de seis magistrados en el Tribunal Constitucional y la de la elegida como Defensora del Pueblo en Perú.

Para anular la elección de los magistrados en el Tribunal Constitucional se necesitaba 87 votos, sin embargo, la decisión del legislativo se dio con 107 votos a favor, cero en contra y una abstención.

Asimismo, el Congreso dejo sin efecto la elección de la Defensora del Pueblo, con 108 votos a favor, cero en contra y una abstención, aun necesitándose igualmente 87 votos para esta decisión.

La ciudadanía se opuso a estas elecciones con marchas pacíficas, en las que en su mayoría participaron jóvenes y a las que también se unieron congresistas y líderes de opinión.

Organizaciones de la sociedad civil en este país han propuesto procedimientos y principios que deberían regir la nueva elección, incluyendo la necesidad indispensable de que los candidatos sean independientes, profesionalmente idóneos y cuenten con trayectoria democrática.

De igual modo, ha propuesto presentar nuevas candidaturas desde diversas organizaciones como colegios profesionales, universidades, gremios, etc, con el propósito de abrir un proceso de tachas y consultas hacia las mismas, para que así sean transparentes todas las etapas del nuevo proceso.

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