A pesar de los múltiples intentos que ha hecho el Consejo de Estado para contar con su nómina completa de 31 magistrados, no ha sido posible y en la actualidad mantiene el promedio de 4 vacantes que se ha presentado en los dos últimos años.
Precisamente con el ánimo de avanzar en el proceso de llenar esas plazas, hoy el alto Tribunal tiene previsto adelantar una sala plenísima a partir de las 3 de la tarde con el fin de votar para la elección de los reemplazos de los magistrados William Giraldo Giraldo en la Sección IV así como de Luis Fernando Álvarez Jaramillo, quien integraba la Sala de Consulta y Servicio Civil.
Pero además están por llenar las plazas que dejó desde el 17 de mayo pasado en la Sección Quinta el magistrado Mauricio Torres Cuervo; así como la plaza que dejó desde el 16 de abril pasado en la Sección Segunda el magistrado Víctor Hernando Alvarado.
El Consejo de Estado, que es la máxima instancia del contencioso administrativo, está dividido en la Sala Administrativa con cinco secciones
integradas por 27 magistrados; y la Sala de Consulta y Servicio Civil, compuesta por cuatro magistrados.
La dificultad que ha tenido el Consejo de Estado para llenar sus vacantes reside en que en las respectivas votaciones para una elección se requiere una mayoría cualificada de 21 votos, lo que no es fácil si no hay consenso, pues las listas están integradas por más de cinco aspirantes que le hace llegar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Además, el promedio de cuatro vacantes sin llenar en los dos últimos años hace que en la Sala del alto Tribunal participen cerca de 27 magistrados, lo que hace aún más complejo lograr los 21 votos necesarios para hacer efectiva una elección.
Retiro forzoso
Los magistrados de las altas Cortes son elegidos para un periodo de ocho años, aunque si durante el mismo cumplen 65 años de edad deben abandonar el cargo por retiro forzoso, pues es el límite que establece la ley en el caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. No tienen esta restricción los magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.
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Fuente: El Nuevo Siglo