La selección de Pedro Alonso Sanabria como nuevo presidente de esa entidad ha sido criticada por supuestos vínculos con la pirámide DMG.

El halo de controversia que rodea al Consejo Superior de la Judicatura no se disipa. Primero, fue la crisis que casi la lleva a esta corporación a su eliminación. Luego, las investigaciones por el escándalo del carrusel de las pensiones. Ahora surgen señalamientos contra uno de sus nuevos magistrados y contra su presidente. El 13 de noviembre de 2012 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió como nuevos magistrados de la Sala Administrativa de esa corporación a Pedro Munar y Francisco Ricaurte. Estos ya se habían desempeñado como magistrados de la Corte Suprema de Justicia e incluso presidieron a la Corte en su momento. Su elección fue criticada por quienes consideraban cuestionable el paso de Munar y Ricaurte de una corporación a otra. Incluso la designación de Ricaurte fue demandada por un grupo de periodistas.

Para el grupo de ciudadanos que demandó la elección de Ricaurte como nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura su pecado no fue otro que caer en el juego del ‘Yo te elijo. Tú me elijes’. Habría pruebas de que cuando Ricaurte se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema participó de las sesiones en las que se eligieron a 15 de los 16 magistrados que ese mismo año, cuando se le acabó su período en esa corporación, lo eligieron como miembro del Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, que los 16 magistrados habrían violado la ley al designarlo ya que el Código de Procedimiento Administrativo establece que los magistrados después de elegidos no podrán nombrar a nadie que haya influido en su elección. La demanda es revisada por el Consejo de Estado.

Pero la controversia no acabó allí. La semana pasada el magistrado Pedro Alonso Sanabria fue elegido como el nuevo presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Su elección fue criticada debido a señalamientos con los que Sanabria carga desde hace varios años. En 2003 Sanabria fue candidato a la Gobernación de Boyacá. Perdió por pocos votos con Jorge Eduardo Londoño. Al final de la contienda una grabación dejó entrever que el hoy magistrado habría recibido apoyo de la pirámide DMG en su campaña. En el audio se escucha a Sanabria hablar con William Suárez, uno de los directivos de la captadora ilegal. Supuestamente recibió $400 millones de DMG. Sin embargo, nunca se abrió un proceso en su contra y hoy por hoy niega cualquier vínculo con esa empresa.

Al respecto, Sanabria le dijo a Caracol Radio que “en su momento yo le dije al país [que eso] fue un préstamo que se me hizo a la campaña por una empresa legalizada en el país, una empresa de vigilancia que me prestó un dinero para la campaña, dinero que fue devuelto. De tal manera que, ni aquí ni en ninguna parte del país, constituye un delito que le presten plata para una campaña y que luego devuelva el dinero”.

Pero esos señalamientos son apenas uno de los dolores de cabeza del nuevo presidente de la Judicatura. Como lo resaltó el periodista Daniel Coronell, en una columna publicada este fin de semana, Sanabria es uno de los magistrados investigados por el carrusel de las pensiones. Sanabria fue uno de los miembros de esa corporación que nombraron como magistrados auxiliares a personas que apenas duraron unos meses en su cargo y por ello se habrían beneficiado irregularmente y pensionado con millonarias jubilaciones. El proceso continúa.

Gracias a estas dos elecciones el 2013 empezó para el Consejo Superior de la Judicatura con una nueva controversia. Para esta corporación el 2012 estuvo plagado de escándalos y el panorama para este año parece que no cambia mucho.

Fuente: El Espectador