Fuente: El Nuevo Siglo

La próxima semana sería revelada por parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial la terna de la cual, posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura elegirá al nuevo director administrativo de la Rama Judicial, cargo que en la actualidad se encuentra acéfalo, después de que el Consejo de Estado tumbara el nombramiento del titular.

El lunes pasado dicha Comisión entrevistó a 39 de los 59 candidatos que se inscribieron, continuando al día siguiente hasta escuchar a la totalidad de los aspirantes.
Durante la audiencia pública los candidatos presentaron sus posiciones sobre la gestión de la entidad, el presupuesto y el recurso humano, como temas fundamentales para un buen manejo de la administración del servicio público de la administración de justicia.

Tanto las hojas de vida como las intervenciones en la audiencia pública son analizadas minuciosamente por los miembros de la Comisión que en próximos días dará a conocer los nombres de quienes integrarán la terna, que será enviada a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para elija al Director Ejecutivo de Administración Judicial.

El gerente de la Rama Judicial es el encargado de ser el ordenador del gasto de un presupuesto que podría llegar a los $5,1 billones, por lo menos esa es la cifra que para el año 2013, le presentó el sector Justicia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, desde mediados del año 2009 la elección de este cargo ha estado signada por incertidumbres, tutelas e interinidades, como se ve hoy, básicamente porque han sido elegidas personas que no cumplen los requisitos.

En consecuencia este nuevo proceso que arranca la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrando la terna de aspirantes, y que concluirá el Consejo Superior de la Judicatura con la elección del nuevo gerente, se constituye en un reto para la Rama, que ha estado en los últimos meses en el ojo del huracán por el presunto ‘carrusel de pensiones’ que se habría presentado y por la responsabilidad que le toca por el descalabro en la fallida reforma a la justicia.