Menos de un año permaneció en el cargo el exfiscal Diógenes Villa.
El Consejo de Estado anuló su elección por no reunir los requisitos para ejercer el cargo.
La decisión del Consejo de Estado se produjo en momentos en que Villa cumple con una suspensión provisional ordenada por la Contraloría, quien investiga al funcionario por posibles irregularidades administrativas.
La Sección Quinta del alto tribunal determinó que Villa no logró demostrarcinco años de experiencia en cargos de administración, requisito exigido por la Ley Estatutaria de la Justicia.
La demanda, que fue presentada por el abogado Juan Carlos Ababuara, dice que los cargos que ejerció Villa en la Fiscalía, durante el tiempo que ejerció como fiscal seccional en varias regiones del país, no pueden calificarse como de orden administrativo.
“Lo cierto es que el demandado no acreditó las certificaciones que presentó que los tiempos servidos en los mencionados empleos certificados sumaran cinco años (de funciones administrativas)”.
Villa es abogado de la Universidad Autónoma y su inclusión en la terna y elección contó con el apoyo de varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema. Su elección se produjo hace 11 meses después de una accidentado proceso que duró tres años.
El funcionario, según un parágrafo transitorio de la reforma a la Justicia hundida en el Congreso, iba a quedar a cargo del manejo administrativo de todo el aparato judicial del país ante la desaparición de la Sala Administrativa.
Entre las responsabilidades del Director Administrativo de la Rama está el manejo y ejecución del presupuesto de la Rama Judicial, que este año fue de 1,2 billones de pesos.
Investigación fiscal
La Contraloría investiga a Villa por la falta de resultados en la inversión que se hizo de 13 mil millones de pesos para descongestión de la justicia, entre el primero de agosto -mes en el que fue elegido- y el 31 de diciembre del año pasado.
Según el organismo de control fiscal, en los últimos nueve meses Villa ha invertido en descongestión 486 mil millones de pesos sin que el volumen de procesos represados esté disminuyendo en porcentajes significativos.
Otro de los cuestionamientos esgrimidos por la contralora Sandra Morelli fue la forma como la Dirección Administrativa de la Rama Judicial ha manejado 1,3 billones de pesos desde el 2009 para implementar el nuevo Código Contencioso Administrativo.
Estos recursos se proyectaron para ser invertidos hasta el 2015, pero a la fecha se han gastado 49 mil millones y ninguno de los proyectos que se iba a poner en marcha está funcionando.
Elementos como salas de audiencia, mobiliario y equipos de comunicaciones no están instalados, asegura el informe del organismo de control.
El posible detrimento fue calculado por los investigadores fiscales en más de 10 mil millones de pesos. El cumplimiento en la mayoría de contratos no se ha podido verificar.
Además, se encontraron inconsistencias contables en los balances de la Rama por 1,5 billones de pesos, de los cuales 1,1 billones corresponden a bienes e inmuebles.
"Es claro entonces que las medidas que se esperan del Director Ejecutivo de Administración Judicial en su rol de ordenador del gasto y representante legal de la Rama Judicial no han sido adoptadas (...), razones entre otras que impiden que hoy se cuente con una información oportuna y confiable en materia financiera y de gestión", concluye la contraloría Morelli.