Esa fue la petición que extendió este viernes la MOE en medio del proceso de reelección que se podría dar de Alejandro Ordóñez en el Ministerio Público.

La Misión de Observación Electoral (MOE) puso este viernes en el ‘ojo del huracán’ el proceso de elección del Procurador General de la Nación, esto en medio de la casi cantada reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado en la plenaria del Senado.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, este viernes envió al despacho de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia –tribunal que ternó a Ordóñez– un derecho de petición para que aclaren qué familiares (hasta en cuarto grado de consanguinidad) han trabajado en la Procuraduría desde 2008 hasta hoy. (Escuche la declaración de Alejandra Barrios).

Es decir, deberán precisar si tienen a sus esposas, sus hijos, hasta sus primos, dentro del Ministerio Público en algún cargo.

Igualmente, la MOE llamó a que los ciudadanos en las regiones den a conocer si los senadores, quienes deben elegir al Procurador, tienen a sus familiares o amigos en la Procuraduría.

“Estamos invitando a que los ciudadanos hagan llegar información sobre los procuradores o funcionarios de alto nivel de la Procuraduría que se encuentran en las regiones que sean cuotas políticas de senadores”, explicó Barrios.

Los impedimentos de los legisladores

En el mismo sentido, la MOE envió un derecho de petición a la Procuraduría para que señale de manera específica cuáles son los senadores que tienen abierta investigación disciplinaria.

La idea es establecer cuántos legisladores deben declararse impedidos en el proceso de elección.

“No entendemos qué ciudadano, hombre o mujer, puede aceptar una postulación por parte de la Presidencia o del Consejo de Estrado para ser ternado, cuando ya los partidos políticos señalaron que su candidato y por quien van a votar es el procurador Ordóñez”, agregó.

Gloria María Borrero, vocera de Elección Visible, una coalición de 13 organizaciones de la sociedad civil que hace dos meses se unieron para atajar la extinta reforma a la justicia, afirmó que la elección del procurador Ordóñez es una burla a la Constitución.

“Por eso manifestamos nuestra indignación y le pedimos a las organizaciones sociales que se unan y apoyen tres peticiones concretas”. Promueven, primero, que el Congreso respete el rigor que estableció la Constitución para esta elección y cumpla los principios de transparencia; segundo, que el procurador renuncie a su candidatura, porque el proceso está viciado y “nunca va a ser igualitario con los candidatos”, y, en caso de que esto no suceda, que es lo más probable, plantean que los otros dos candidatos que integren la terna no acepten estar en ella, “porque van a ser candidatos de papel”.

Para esta jurista, lo más curioso es que en las pasadas elecciones de 2008 se presentó una situación parecida. “El procurador Ordóñez tuvo todo el tiempo del mundo para hacer campaña (...) Si esto se va a repetir, cambiemos la Constitución y digamos por ejemplo que el procurador puede reelegirse de manera automática por una sola vez”, concluyó Borrero.