Varias ONG se reunieron para constituirse en garantes de una pulcra elección del próximo Procurador general de la Nación. Esta coalición está formada por entidades como la Corporación Excelencia en la Justicia y la Misión de Observación Electoral, quienes le acaban de enviar un derecho de petición al Senado, a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia solicitando información sobre la elección del procurador y las garantías de transparencia.

Al Senado enviaron 99 derechos de petición, preguntándoles a los senadores si tenían familiares trabajando en la Procuraduría. 83 respondieron que no y solo dos de ellos respondieron que sí: José Francisco Herrera Acosta, de Cambio Radical, y Félix José Valera Ibáñez, del Partido Verde, quien tiene un pariente en cuarto grado de consanguinidad.

Ahora vamos para la Procuraduría: se le preguntó contra qué senadores había investigaciones. Respondió: Hernán Andrade, Álvaro Asthon, Eduardo Enríquez Maya, Myriam Paredes, Karime Mota, Jorge Eduardo Londoño, Carlos Enrique Soto, Jorge Ballesteros, Alexánder López Maya y Musa Besaile Fayad.

Y vamos con la Corte:¿Qué magistrados tienen familiares en la Procuraduría? De 17 magistrados que han contestado, tres respondieron que sí: Ruth Marina Díaz Rueda tiene una sobrina que entró a hacer judicatura en la Procuraduría; el magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz tiene a su esposa como procuradora judicial 2; y el presidente de la Corte, Javier Zapata, a su cuñada Olga Lucía Cadavid, ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción desde 2011, por ello el magistrado Zapata se declaró impedido para conocer los asuntos disciplinarios contra el procurador Ordóñez.

La respuesta que sorprendió fue la del magistrado José Leonidas Bustos, quien en una carta dirigida a Gloria María Borrero, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, asegura que no entregará la información solicitada amparado en su derecho a la intimidad; dijo además que no asistió, por motivos de salud, a la sesión de la sala plena del 30 de agosto cuando se escogió a Alejandro Ordóñez.

La gran conclusión de la coalición de las ONG es que no se está pagando la reelección de Ordóñez con puestos, lo que habla bien del procurador.

Ahora se prepara otro derecho de petición preguntándole a los senadores si tienen recomendados políticos que trabajen en la Procuraduría.

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