Elección será el 21 de agosto

En terna presentada por el presidente no hubo conocidos abogados del conservatismo o de la U. Repunta el liberalismo, dicen analistas.

Con el anuncio de la terna de candidatos a la Defensoría del Pueblo para reemplazar al saliente Vólmar Pérez se pone a prueba una vez más el esquema de Unidad Nacional que ha prevalecido en las relaciones entre el Gobierno y el Congreso. Desde el fracaso de la reforma a la justicia, que dejó mal parados ante la opinión nacional a los dos poderes públicos, se rumora que hay fracturas en el modelo institucional del presidente Santos. La elección del nuevo defensor pone a prueba cómo está hoy el pulso entre las distintas fuerzas políticas.

Aunque Vólmar Pérez llegó a ser defensor del Pueblo para concluir el mandato del exmagistrado Eduardo Cifuentes, quien renunció al cargo, para nadie es un secreto que su posterior ratificación y reelección hasta cumplir nueve años al frente de la institución, fue posible gracias al apoyo del Partido Conservador. De hecho, en las últimas semanas fueron insistentes las versiones de que esta colectividad iba a conservar esta plaza. No obstante, la sorpresa es que ninguno de los candidatos de la terna tiene esa filiación política.

En los mentideros políticos se afirma que ante la casi segura reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, los conservadores quedarían con suficiente cuota de poder en el actual modelo del presidente Santos. Además, en los próximos días, en el interior de las cortes, se presentarán otros movimientos para cambios de magistrados y, a pesar de que se trata de cargos de especialización judicial, no cabe duda de que también son posiciones de manejo político. En tal sentido se explica la ausencia conservadora en la terna para defensor.

Lo que no sorprende son dos de los nombres incluidos por el primer mandatario: los abogados Jorge Armando Otálora y Beatriz Linares Cantillo. Del primero —desde que formalizó su renuncia como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, el pasado 11 de julio— aunque en su dimisión argumentó que lo hacía por “razones estrictamente personales”, e incluso dejó entrever su malestar por el “evidente e inocultable proceso de desinstitucionalización” de la entidad producto del fracaso de la reforma a la justicia, siempre se dijo que iba por la Defensoría.

Sobre Beatriz Linares —de larga trayectoria en la misma Defensoría del Pueblo y experta en el tema de los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres— al margen de su trayectoria profesional, también fue un secreto a voces que iba a ser ternada por su cercanía profesional con la primera dama, María Clemencia Rodríguez. La sorpresa de la terna en esta ocasión fue la abogada Olga Lucía Gaitán, quien también ostenta trayectoria en la Defensoría del Pueblo y cuenta con el respaldo de las organizaciones sociales.

Pero más allá de la experiencia de los candidatos, a partir de hoy y hasta el próximo 21 de agosto, fecha prevista para la elección, el juego es político. Y en este incierto terreno las cargas están divididas. A los conservadores no les gustó mucho la ausencia de un candidato suyo, pero saben que a la vuelta de la esquina viene la elección del procurador, en la que parece van a la fija con la reelección de Alejandro Ordóñez. Pero en la U sí que hay caras largas, pues su candidato era el exdelegado del Ministerio Público y exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Javier Tobo, y brilló por su ausencia.

En cambio, los que están de plácemes son los liberales, que en tiempos de Uribe tuvieron que atrincherarse en la oposición sacrificando sus cuotas políticas y ahora con Santos están protagonizando de nuevo en las posiciones de poder. Lo que se dice es que los ternados siguen esa línea ideológica, aunque también saben que la suerte definitiva será producto de los acuerdos en el Legislativo. Y aunque habrá tiempo para exponer argumentos ante la plenaria de la Cámara —de alguna manera para darle un tinte de proceso democrático a la designación— a la hora del voto pesan son las mayorías.

En cuanto a los aspirantes mismos, sin duda el más conocido por la opinión pública es Otálora. Abogado de la Universidad Católica y especializado en Ciencias Penales de la universidad Externado, se trata de un profesional de largo recorrido en la Rama Judicial, desde sus inicios como notificador de un juzgado penal, hasta procurador judicial o vicefiscal general de la Nación. Además, como abogado independiente, ha tenido múltiples consultorías. Se mueve como pez en el agua en el periodismo y la política, y no le fue difícil llegar a ser magistrado del Consejo de la Judicatura.

Pero como la pelea es precisamente en la arena política, ya empezaron a surgir argumentos en su contra. Por ejemplo, que fue uno de los asesores de la captadora ilegal DMG o que salió de la Fiscalía en medio de una pugna interna por el poder. Ahora tendrá que hacer lo que les criticó a los magistrados de las mismas cortes después del fracaso de la reforma a la justicia. Como lo dijo en reciente entrevista con El Tiempo, en la que lamentó el papel que desempeñaron algunos magistrados “de haberse dejado tentar por el camino del lobby frente al Congreso”.

Por su parte, Beatriz Linares es abogada de la Universidad de los Andes, con una extensa hoja de vida en temas de derechos humanos y de defensa de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y, sobre todo, coautora de la Ley de Infancia y Adolescencia. Hoy forma parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Menores de Edad para los Grupos Armados y trabaja de la mano de la Presidencia en diversos asuntos relativos a su especialidad. En materia política, paradójicamente ese puede ser su punto débil.

Sobre Olga Lucía Gaitán, aunque políticamente es la menos conocida de los tres candidatos, en el ámbito de la defensa de los derechos humanos sí es apreciable su recorrido. Hoy es coordinadora del Área de Fortalecimiento del Estado del Programa de Derechos Humanos Usaid, pero además ya estuvo encargada de la Defensoría del Pueblo. Entre las organizaciones sociales es la favorita, sin embargo, este ascendente tendrá que revalidarlo ante los representantes a la Cámara que se mueven en un ámbito distinto al de las ONG.

De cualquier modo, a falta de discusiones por proyectos de ley o por reformas a la Constitución, por estos días el plato fuerte de la política es la pelea por la Procuraduría, las cortes y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo. En este último cargo, se trata de un organismo cuya nómina en costos puede estar rondando los $300 mil millones al año y que sólo en el ámbito de los defensores públicos a su servicio puede proveer plazas de trabajo para unos 2.300 funcionarios. Eso sin tener en cuenta los requerimientos en las diversas regiones.

Todo está por verse y esta será una semana de abierta candidatura de los ternados. Sin embargo, de dientes para afuera, ya empezaron a surgir voces que demuestran que no todos quedaron contentos con las postulaciones desde la Casa de Nariño. La prueba es el comentario del representante Miguel Gómez, de la U: “Me preocupa que estamos pasando de la Unidad Nacional a la unidad liberal. Acá el partido mayoritario es la U, pero nos falta carácter y criterio. Por ahora, lo que puedo decir es que el presidente Santos está es con el Partido Liberal”.