Los que más suenan para el cargo son el viceministro de Trabajo David Luna, la excongresista Yolanda Pinto y el asesor para Asuntos Políticos de la Presidencia de la República, Aurelio Iragorri.

Cuando las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo no se han recompuesto del bochornoso episodio de la reforma a la justicia, al presidente Juan Manuel Santos le llegó la hora de presentar la terna de candidatos a la Defensoría del Pueblo. Todos los partidos reclaman dicha dignidad y el mandatario deberá jugársela para dejarlos contentos a todos, o por lo menos tranquilos.

A la Casa de Nariño siguen llegando hojas de vida. Se habla de distintos acuerdos políticos, unos aseguran que la U y los conservadores se irán juntos, pues son la mitad más uno de los votos en la Cámara de Representantes, encargada de la elección; otros apuestan a que los liberales y la U lleguen a un consenso como supuestamente se los habría encargado el mismo gobierno.

La tesis que circula por el Legislativo es que los conservadores tendrán que cederle la Defensoría a la U, para ellos mantener la Procuraduría, mientras los liberales ya tienen la Fiscalía, la Registraduría y la Contraloría.

Lo cierto es que lograr un acuerdo previo a la terna es muy difícil, cada partido se siente merecedor de dicha dignidad. Es ahí donde el presidente deberá calcular muy bien su decisión y por eso la terna que más suena, hasta ahora, es la compuesta por el viceministro de Trabajo, David Luna (liberal), la excongresista Yolanda Pinto (liberal) y el asesor para Asuntos Políticos de la Presidencia de la República, Aurelio Iragorri (la U), quien sería el as bajo la manga de Santos.

Claro que a Yolanda Pinto la han visto haciendo lobby en el Congreso, pero no tanto en el Gobierno. En cambio, congresistas que pidieron omitir su nombre creen que Beatriz Linares, la abogada experta en infancia, sí es muy cercana al presidente Santos.

También siguen sobre la mesa los nombres de Wilson Ruiz, procurador delegado ante el Consejo de Estado (la U); Héctor Helí Rojas, parlamentario andino (liberal), y Doris Méndez, asesora de Consejo Nacional Electoral (Liberal).

Pero la atención de legisladores y gobierno está puesta en Iragorri, el mismo que por estos días negocia con los indígenas en el Cauca, hijo del cacique electoral del Cauca Aurelio Iragorri Hormaza; fue coordinador para Colombia de los Asuntos de la Comisión Quinta de Naciones Unidas y viceministro del Interior. Para muchos es el hombre que uniría no sólo a la U, sino a los demás partidos en torno a su candidatura, porque tiene excelentes relaciones en el Congreso.

Según conoció El Espectador, es una idea tentadora para el jefe de Estado y su unidad nacional, y aunque Iragorri también se sienta atraído por la idea, a Santos no lo convence dejarlo ir del Gobierno, porque se ha convertido en un hombre clave para él.

El expresidente de la Cámara Carlos Alberto Zuluaga, del Partido Conservador, dijo que “Iragorri es un apagaincendios en el Valle y en el Cauca, es el hombre multifuncional para el presidente. Al final puede que termine metiéndolo en la terna, porque ningún partido se opondría a dicha postulación y dejaría tranquilos a todos los sectores”.

El reparo que advierten los mismos congresistas es que el actual consejero presidencial tiene más trayectoria política que en derechos humanos y eso podría caer mal en algunos sectores.

Precisamente las organizaciones sociales critican que la Defensoría del Pueblo se haya vuelto un asunto político. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que esta es la oportunidad para acertar en la elección del defensor y actuar más del lado de las víctimas que de los intereses políticos de los partidos.

“Esta figura debe corresponder a una persona con autoridad moral, que pueda hablar fuerte, que tenga trayectoria y, especialmente, que tenga un fuerte compromiso con los derechos humanos desde la perspectiva de víctimas, por encima de los intereses partidistas, aunque sea difícil, teniendo en cuenta que las relaciones entre las ramas del poder son muy cercanas”, agregó Gallón.

Para Reinaldo Villalba, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el país requiere de un defensor del Pueblo que haga honor a ese nombre y por eso el Congreso tiene una enorme responsabilidad, porque esta figura debe conservarse.

“Esperamos que se elija a conciencia para que quien ocupe el cargo sea una persona idónea, porque nos preocupa que sea la politiquería la que siempre define la dirección del cargo”, dijo.

El hecho es que el período constitucional de Vólmar Pérez vence el próximo primero de septiembre y en medio de tantas expectativas políticas y sociales se trata de un cargo con libertad para definir cuál es el número de sedes regionales, también pone a consideración del Congreso el proyecto de presupuesto para su funcionamiento y tiene libertad para nombrar y remover funcionarios de su dependencia.