Un candidato a reemplazar al exmagistrado Francisco Ricaurte está a punto del retiro forzoso, otro no es experto en temas laborales y una más perdió demanda por despedir a una secretaria.

La salida del magistrado cartagenero Francisco Javier Ricaurte parecía un asunto rutinario: cumpliría sus ocho años reglamentarios —que no fueron 12 por la estrepitosa caída de la reforma a la justicia— y se marcharía de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la lista que se conformó para que los demás magistrados escojan a quién le cederá la silla este miembro de la Sala Laboral, conformada por seis abogados y divulgada por el Consejo Superior de la Judicatura el pasado 12 de julio, parece haber empezado ya a generar más de una migraña tanto en los pasillos de la corporación como afuera de ese recinto.

El listado lo encabeza Fernando Castillo Cadena, un abogado santandereano de la Universidad Santo Tomás y doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es un reputado docente e investigador. No obstante, ha forjado una carrera de 17 años en el campo del derecho económico y no del laboral. Según su currículo, publicado por la Javeriana, de la que es profesor investigador del Departamento de Derecho Económico, desde 1999 da asesorías “en aspectos relacionados con el derecho económico de la seguridad social, la legislación económica y financiera en general”.

A Castillo le siguen Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Juan Guillermo Sánchez y Augusto Torregroza Sánchez, cuyas hojas de vida defienden su postulación. Dueñas Quevedo, por ejemplo, abogada de la Universidad Libre, ha invertido buena parte de su carrera estudiando y escribiendo libros sobre temas de seguridad social y de derecho laboral en los sectores público y privado. Juan Guillermo Sánchez Gallego, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es el coordinador de la especialización en derecho del trabajo y seguridad social de su alma máter. Augusto Torregroza fue miembro de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta.

Las preocupaciones en la Corte Suprema vuelven al ver el nombre de Efraín Yáñez Riveros. En su caso el tema no es de experiencia, pues en su recorrido profesional ha sido magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. El asunto con Yáñez es de edad: tiene 62 años. En la Corte Suprema, un buen sector no está convencido del antecedente que sentó el Consejo Superior de la Judicatura cuando, hace un par de meses, le dio la razón al consejero de Estado William Giraldo y determinó que, en aras de la igualdad, no se le podía forzar al retiro por causa de su edad, como se ha exigido siempre para el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

De los seis candidatos a la Sala Laboral de la Corte, sin embargo, el antecedente que más inquieta es el de Lucy Stella Vásquez Sarmiento. Hace un par de años esta magistrada del Tribunal Superior de Bogotá recibió la orden de una jueza de reintegrar a María Adelaida Ruiz Villoria en la Secretaría de la Sala Laboral de ese tribunal, y de paso le costó una indemnización al Estado, pues se encontró que Ruiz Villoria había sido despedida injustificadamente.

La pelea entre Vásquez y la secretaria María Adelaida Ruiz comenzó en 2006, cuando a la Sala Laboral llegó un proceso en el que el demandante era un hermano de la magistrada Vásquez. El caso le correspondió al magistrado Miller Esquivel y en septiembre de ese año produjo fallo. Según Ruiz Villoria, a finales de octubre la magistrada se dio cuenta de que el caso había sido resuelto y regañó a la secretaria “por no haber estado pendiente y avisarle cuando había salido, pues ya era tarde para presentar el recurso de casación respectivo”. A partir de ese momento, denunció Ruiz Villoria, empezó un “plan de hostigamiento secreto”.

Dicho plan se concretó en que en tres sesiones de sala, sin que Ruiz Villoria estuviera presente, la magistrada Vásquez presentó un informe al resto de sus colegas informándolos de “supuestos incumplimientos y falencias” por parte de María Adelaida Ruiz. Se trataba, según la demanda, de “funciones que nunca fueron asignadas al cargo” de la secretaria. Ruiz Villoria denunció, además, que el mencionado informe en el que se evidenciaban sus fallas “no fue complementado por otro magistrado, lo cual se explica por el hecho de que el resto de los integrantes de la Sala no tenían queja alguna”.

Este pleito no se detuvo en el reintegro de María Adelaida Ruiz. Ella denunció penalmente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá por las supuestas irregularidades en que también habrían incurrido ellos al aprobar su despido y, aunque el fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago lo archivó, el año pasado la fiscal Viviane Morales lo desempolvó y las indagaciones en contra de los magistrados continuaron, con el antecedente de que una jueza administrativa de Bogotá ya le dio la razón a María Adelaida Ruiz Villoria.