Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Dos magistrados de la Corte Constitucional, a quienes se les atribuye talante democrático, han dejado sus cargos y se hace necesario reemplazarlos. El asunto no es simplemente elegir a dos nuevos funcionarios que llenen las vacantes, porque detrás de esta decisión que se avecina se cuecen muchos intereses y hasta el futuro de esta nación cada día más godificada.

Los dos magistrados que dejaron sus cargos fueron nominados por el Consejo de Estado, por lo que esta misma corporación será la que integre las dos ternas, para que finalmente el Senado de la República elija a los nuevos funcionarios.

Un magistrado de la Corte Constitucional debe no solamente ser jurista, sino además tener una visión universal de lo político, porque en últimas ese es el papel primordial de este alto tribunal. Cuando hablo de lo político, por supuesto no me refiero a las componendas y marrullerías electorales que tanto mal han causado en las altas cortes, sino al manejo de lo público como valor supremo de la justicia y la convivencia. En otras palabras, un magistrado de esta alta Corte no puede llegar a morirse con el alma prendida a un inciso, sino a ver más allá de las asfixiantes formalidades de los expedientes hasta aproximarse a la realidad social.

Pues bien, dicho esto, es importante que el Partido Liberal haga valer su derecho a que esas vacantes en la Corte Constitucional sean llenadas con personas de reconocida tendencia progresista, porque de permitir que allí lleguen miembros de la tribu oscurantista que por estos días deambula en muchas oficinas públicas, el futuro sería sombrío. Como están las cosas, podría ocurrir una catástrofe para la democracia.
En efecto, el Consejo de Estado, que normalmente otorga un plazo cómodo para que se inscriban los aspirantes a ser ternados, en esta ocasión concedió apenas una semana, en la cual hubo un día festivo. Tal parece que hay premura en la jurisdicción contenciosa administrativa, por integrar las dos ternas pendientes, y eso inquieta.

El problema radica en que el Consejo de Estado es tal vez la única corporación en la que, con excepcionales precauciones, se sigue respetando el envilecido sistema de la participación igualitaria de los partidos políticos; es decir, allá si se va un godo, lo reemplazan por otro, y lo mismo si el que renuncia es un liberal. Esa costumbre, que no ha sido del todo derogada en el interior del Consejo, puede traducirse en que ahora al momento de integrar los dos tríos para recomponer la Corte Constitucional, con la excusa de equilibrar las fuerzas políticas, sean conformados con personas que representen una ideología contraria de la que se atribuía a quienes han de ser reemplazados.

Y de ocurrir eso, entonces la Corte Constitucional podría verse seriamente afectada en un momento crucial, porque están por decidirse aspectos fundamentales, como la constitucionalidad de la ley de tierras y víctimas o la de inteligencia, la adopción por parejas homosexuales o incluso definir si el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría ser candidato a vicepresidente, último intento del embrujo totalitario por perpetuar por la puerta de atrás al mesías. Lo que podría pasar en la Corte Constitucional, al momento de definir el futuro electoral del exmandatario, es que dos nuevos magistrados de tendencia derechista hagan bloque uribista con Jorge Pretelt y Mauricio González, reconocidos seguidores del exmandatario.

Que el Gobierno también haga valer la Unidad Nacional en el Congreso, porque de pronto un buen día Santos se despierta y se da cuenta de que la misma Corte Constitucional que le cerró legítimamente para siempre las puertas al autoritarismo de Uribe, se las abre ilegalmente de nuevo.

Adenda. Queda un sabor de manguala con el acuerdo de Gobierno, Congreso y altas cortes para aprobar una reforma a la justicia que nada resolverá, salvo algunas prerrogativas personales y políticas de los protagonistas de un consenso que deja todas las dudas para la historia.

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