Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre fueron los nombres que el presidente Juan Manuel Santos ternó para que la Corte Suprema de Justicia elija fiscal general de la Nación. ¿Quiénes son?
Mónica de Greiff, la gerente
Esta abogada de la Universidad del Rosario, es hija del exfiscal general de la Nación Gustavo de Greiff y tiene una especialización en derecho administrativo. Ocupó el viceministerio de Minas y Energía. Así como el ministerio de Justicia. Además fue comisionada de Televisión.
Su carrera la empezó ejerciendo como litigante. Tiempo después llegó al sector privado como gerente de la productora de cine Casablanca. Entre los años 1991 y 1993 fue vicepresidente de Shell en Colombia. En 1994 con Ernesto Samper como presidente se convirtió en Consejera de Asuntos Internacionales
Dirigió la Corporación Banco del Pueblo, una institución de fomento para personas con bajos recursos, desde 2005. Y en el 2008, el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno la designó secretaria Distrital de Desarrollo Económico.
Es miembro de las juntas directivas de Promigas y Gas Natural. Actualmente es gerente de la Empresa de Energía de Bogotá.
María Luisa Mesa, la profesora
La abogada María Luisa Mesa Zuleta es la cuota académica de la terna que presentó el presidente en la mañana de este martes. Es la primera mujer, en 350 años de historia, que logró un espacio en la consiliatura de la Universidad del Rosario, el órgano directivo más importante de ese claustro. Ha sido reconocida catedrática de derecho desde hace 12 años en ese centro educativo y en la Universidad Javeriana.
Se graduó de derecho de la Universidad del Rosario en 1982. Tiene amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado. Trabajó en la Asociación Bancaria de Colombia, en la Superintendencia de Sociedades y en Aerovías Nacionales de Colombia.
Los últimos 20 años ha estado dedicada al ejercicio profesional en la oficina que tiene con su padre. Sus áreas de trabajo están relacionadas principalmente con el derecho comercial y de sociedades. También ha sido árbitro del centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Es miembro de una de las familias con mayor trayectoria jurídica del país. Su abuelo Eduardo Zuleta Angel, fue miembro de la Corte de Oro de la Corte Suprema de Justicia y su padre Humberto Mesa, ex magistrado de esa misma corporación.
Eduardo Montealegre, el penalista
Es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización y postrado en derecho penal en la Universidad de Bonn y una especialización en derecho constitucional den la Universidad de Erlangen (Alemania).
Durante más de 20 años ha sido profesor en el área penal. Ha sido asesor jurídico y consultor. Fue magistrado de la Corte Constitucional (2001- 2004).
Años atrás fue juez de instrucción criminal (1981), juez penal municipal en propiedad (1982), conjuez de los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca (Sala Penal) y del Tribunal Nacional de Aduanas en varias oportunidades, asesor del Instintito Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV). Dentro de su hoja de vida también se destaca el cargo como procurador general de la Nación encargado y viceprocurador general de la Nación. Fue también magistrado y Presidente de la Corte Constitucional.
Su carrera como penalista le ha permitido ser autor de varias obras jurídicas y en la actualidad es consultor y director del centro de Investigaciones en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Fue abogado de Saludcoop.
El abogado Montealegre también ha sido contratista del departamento administrativo de la Presidencia y del ministerio de Relaciones Exteriores durante el actual gobierno.
En el primer caso tuvo un contrato con vigencia hasta diciembre del 2011, para apoyar las actuaciones del gobierno ante la Corte Constitucional en lo referente a la expedición de decretos de emergencia económica y social. En el segundo caso, Montealegre fue asesor hasta el 2010 de la Cancillería en temas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Sistema Interamericano de DDHH, para apoyar el equipo jurídico que defiende al Estado en cortes internacionales.