Autor: AURELIO MARTÍNEZ CANABAL

EN reciente y grata tertulia con amigos cercanos, se me pidió indicar los asuntos que considerara vitales, en el manejo futuro de nuestra Nación. Sin mayores pretensiones me aventuré a expresar algunas apreciaciones al respecto. Que hoy deseo compartir con mis lectores.

Comenzaré por precisar que en una especie de resumido catálogo, hay que distinguir entre los temas que tienen que ver con los cimientos de nuestro esquema democrático, con aquellos que pudieran clasificarse como de orden instrumental. En otras palabras, los componentes de clara estirpe institucional y los que deberían contribuir a un mejor funcionamiento de nuestro aparato estatal. Y por la limitación de una columna periodística aludiré sólo a algunos de los primeros.

Es verdad sabida que es inaplazable la revisión de la estructura y operación de las ramas del poder público. Aparece en esto, en forma prioritaria, el órgano jurisdiccional. Con todo el respeto que me merecen los altos tribunales, siendo profesional del derecho, no dudo en recoger la perplejidad que nos invade a los colombianos, por la incapacidad de la Corte Suprema de Justicia para elegir al Fiscal General de la Nación. Siete u ocho meses han transcurrido, desde la presentación de la terna para ese alto cargo, sin que se haya adoptado una decisión, no obstante la innegable calificación de los candidatos sometidos a su consideración. Es botón de muestra, que evidencia la necesidad de una revisión a fondo del aparato judicial. Que en la parte funcional está demandando el restablecimiento del Ministerio de Justicia y un escrutinio cuidadoso del Consejo Superior de la Judicatura, flamante dependencia creada por la Carta Política del 91 y que a la fecha no arroja un satisfactorio balance de resultados.

Siendo bastante singular la emulación entre la mayoría de los candidatos presidenciales, frente a la continuación de la seguridad democrática uribista, es algo que se entrelaza con la anterior reflexión sobre la justicia. Es incuestionable que la fuerza pública ha demostrado su competencia para conservar el imperio de la ley en toda la geografía nacional. Mas tal desempeño requiere el acompañamiento de la justicia. Al no ocurrir tal cosa, llegamos a la paulatina aparición de las bandas de forajidos que manejan el tráfico de drogas o el infame negocio de la extorsión y el secuestro. Dolorosa situación que el país sigue padeciendo.

Son cavilaciones para tener en cuenta, a la hora de seleccionar a quien en el futuro ocupe el solio de Bolívar. Algo que deberemos calibrar en su cabal importancia.

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El Nuevo Siglo / 27 de abril de 2010