Aunque el tribunal tiene hasta el final de esta legislatura para poner su ficha, normalmente lo ha hecho en octubre. Un tercer aspirante entró a la competencia apenas la semana pasada.

Ayer se suspendió, sin arrancar, una nueva ronda de votaciones en la Corte. Habría sido la quinta sesión de la Sala Plena para la selección del aspirante a suceder a Edgardo Maya en la Procuraduría.

De una lista inicial de 13 aspirantes, los magistrados escogieron dos nombres: Camilo Gómez, ex comisionado de Paz durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana; y el ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Carlos Enrique Marín. Ninguno ha logrado los 16 votos necesarios para obtener la mayoría absoluta, según lo exigen los reglamentos de la corporación judicial.

En las tres horas que duró la sesión del pasado 6 de octubre, algunos magistrados incluso postularon a otro candidato: el ex gobernador Rodrigo Villalba.

La principal discusión en la Corte ha sido la posibilidad de contar con un candidato fuerte frente al postulado por el Consejo de Estado (Alejandro Ordóñez) y el que elija la Presidencia.

Falta de tiempo, en contra

Paradójicamente, la falta de una decisión de la Corte Suprema, aseguraron allegados a ese tribunal, pondría a su candidato en desventaja frente al ex magistrado Alejandro Ordóñez, quien desde hace dos semanas hace cabildeo a su favor entre los senadores.

El Ejecutivo tampoco ha destapado su carta, aunque dos nombres con historia en la Corte Constitucional suenan con fuerza: el del ex magistrado Eduardo Montealegre y el del actual magistrado Rodrigo Escobar Gil.

Así han estado las apuestas por los 3 que compiten
13 votos ha logrado como máximo Camilo Gómez, ex comisionado de Paz.
10 votos ha alcanzado Carlos Enrique Marín en algunas de las sesiones.
8 votos logró el ex gobernador Rodrigo Villalba, que entró a la competencia hace 1 semana.

Magistrados, aún pendientes

En las sesiones cumplidas, la Corte Suprema ha elegido a cinco de los seis nombres que debe postular para reemplazar en la Corte Constitucional a los magistrados Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas.

En el Consejo de Estado, mientras tanto, aún no han comenzado las votaciones para escoger los reemplazos de los magistrados Rodrigo escobar Gil y Jaime Araújo Rentería.

Junto con la Corte Suprema, el alto tribunal de lo contencioso hizo una convocatoria pública en la que se inscribieron 61 aspirantes y sólo la semana pasada comenzó el estudio de sus hojas de vida.

La Presidencia tampoco ha revelado sus candidatos. De sus ternas deben salir los sucesores de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda.

'Seguimos esperanado que nos digan cómo hacen la selección'

La campaña Elección Visible, que lideran Transparencia Colombia y la Corporación Excelencia en la Justicia, está auscultando la trayectoria de los cinco candidatos que ya están definidos para dos de las sillas de la Corte Constitucional. Son candidatos de la Corte Suprema de Justicia (falta uno para la segunda terna). Aún faltan por definir los seis del Consejo de Estado y los seis que postulará el Presidente de la República.

Margareth Flórez, directora de Transparencia Colombia, asegura que aunque en este proceso hay más apertura, aún son necesarios varios pasos para que se pueda hablar de una elección objetiva.

¿Qué tanto eco han encontrado en el Gobierno, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que son lo que pondrán los candidatos que eligirá el Senado?

Elección Visible les pidió a los nominadores varias acciones que le darían transparencia a esta elección. Por ejemplo, las cortes han hecho convocatorias públicas, ese es un avance. El Gobierno dijo que pondrá en su página Web, por tres días, las hojas de vida.

Pero hasta ahora nadie ha respondido cómo eligen a sus candidatos, cuáles son los criterios para hacer las ternas. Al no conocer esos criterios, puede haber dudas. Hemos escuchado de los nominadores que tienen un interés por cumplir este proceso de cara al país, pero seguimos esperando que demuestren con hechos esa intención.

¿Por qué, considera la Veeduría, no se han hecho públicos esos parámetros para que un aspirante quede en la terna?

En la Constitución hay criterios de selección muy generales y que se cumplen. Sabemos que hay otros parámetros, que existen y que son informales, que son sanos y legítimos, pero el país no conoce. Se los debían contar al país.

En las últimas semanas ha habido polémica por la selección de magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura ¿Hay riesgo de politización en la elección de los magistrados de la Corte Constitucional?

El riesgo es latente. Por eso hemos pedido a los nominadores y al Senado que privilegien conocimientos, que no haya pago de favores y que no se filtren intereses políticos.

¿La veeduría está satisfecha con la colaboración del Ejecutivo?

No es suficiente la medida de poner las hojas de vida tres días en la página electrónica. Por eso le hemos pedido al Presidente que le diga al país cómo seleccionará a sus candidatos y, más importante, que firme el decreto de autorregulación que le ha propuesto la Veeduría.

¿Qué diría ese decreto?

Es una propuesta de transparencia: que todos los gobiernos se obliguen a exponer públicamente sus criterios de selección, que hagan conocer las hojas de vida de los aspirantes, que se creen canales para que la ciudadanía pueda opinar; que haya audiencias públicas y que se regulen temas de posibles conflictos de intereses entre los nominadores y los nominados.

El Tiempo / 14 de octubre de 2008