La Corte Suprema de Justicia no tiene garantías para ejercer su labor judicial o para elegir Fiscal General de la Nación hasta que termine este gobierno. Eso es lo que se hace evidente con el avance de los procesos judiciales que demuestran una persecución implacable del DAS contra los magistrados, con conocimiento, y seguramente instrucción, de la Casa de Nariño.
Hoy sabemos que desde el DAS fueron ilegalmente chuzados los teléfonos de todos los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Que sus cuentas y patrimonio fueron esculcados con minuciosidad por instrucciones de la Casa de Nariño y el DAS. Que con la información recopilada el DAS pretendía realizar operaciones de desprestigio con tácticas como inventarles infidelidades, relaciones con narcos o transacciones económicas dudosas a los magistrados. Y que incluso dentro de la Corte había (¿hay?) un espía que grababa lo discutido en sus discusiones reservadas y se las filtraba al gobierno.
En ese contexto es evidente que la Corte Suprema de Justicia no ha tenido, ni tendrá mientras dure este gobierno, garantías para ejercer sus funciones y mucho menos para elegir Fiscal de una terna enviada por el Presidente, que al mismo tiempo es el jefe directo de la entidad que ha perseguido tan implacablemente a los magistrados.
La Corte Suprema de Justicia se volvió blanco de este Gobierno por judicializar la criminalización de la política. En la negociación con los paramilitares, el gobierno y su bancada creyeron que podían dejar toda la responsabilidad judicial en cabeza de los paramilitares y completamente impunes a sus aliados. Pero la evidencia de la captura política del paramilitarismo era tan evidente que no se pudo tapar. Se fue develando por cuenta de la investigación social y periodística hasta que llegó a los estrados judiciales. El Gobierno lleva cuatro años cobrándole a las Cortes que se hayan atrevido a salirse del pacto de impunidad y contenido la completa refundación del Estado.
A la par que desarrollaba por debajo la campaña de desprestigio, el gobierno envió a la Corte una terna de uno para forzar la elección de Camilo Ospina. La Corte se negó a la presión y obligó al Presidente a cumplir con el deber constitucional de hacer una terna seria de candidatos no a imponer a su pre elegido. Cuando se creía superado el escollo de la terna, con las pruebas de los abusos del DAS quedó al descubierto el doble juego del gobierno, de amedrentar ilegalmente por debajo y presionar en público a la Corte.
No es responsabilidad de la actual Corte Suprema que la política se haya criminalizado ni que el gobierno escoja cogobernar con políticos impuestos por la mafia. Que 8 de cada 10 parapolíticos hagan parte de la coalición del gobierno es responsabilidad de Alvaro Uribe, no de la Corte Suprema. De por sí esa preferencia del Presidente por parapolíticos le generaba un conflicto de interés con la rama judicial. Pero la abierta persecución que entidades dependientes de la Presidencia han desatado contra la Corte lo inhabilita completamente para participar en la elección del Fiscal.
Obviamente esta situación perturba los canales constitucionales, que no podían prever cómo elegir Fiscal en caso de que el Gobierno persiguiera a los magistrados y cogobernara con mafias. Ante la situación de hecho lo único posible y viable es esperar a que llegue un gobierno que no cogobierne con la mafia ni persiga por hacer su trabajo a los magistrados y que por lo tanto tenga autoridad y ofrezca garantías para hacer una terna seria de la que se pueda escoger al Fiscal General de la Nación.
La Silla Vacía / 26 de abril de 2010