La carta de las Farc en la que rechazan la presunta propuesta del Gobierno de adelantar un diálogo de paz en el exterior de manera -según el grupo subversivo- "directa, secreta y con agenda abierta" sorprendió a todas las campañas presidenciales, sobre todo a las toldas de La U, en donde no cayó nada bien el hecho de que el Ejecutivo no hubiera informado que estaba adelantado esa clase de contactos. Incluso, ayer varios congresistas de La U, conservadores y de Cambio Radical estaban analizando la posibilidad de suscribir una carta pública abierta al presidente Álvaro Uribe exigiéndole que precise si hay intercambio epistolar con las Farc y sobre qué bases se estaría adelantando.

17 chuzados

En la Corte Suprema de Justicia no dejan de sorprenderse por el alcance de las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de los magistrados así como los seguimientos y pesquisas de que fueron objeto por parte de personal del DAS. Muchos datos han impactado significativamente a los juristas. Por ejemplo, hay informaciones en torno de que uno de los magistrados que más ha sido criticado por la Casa de Nariño no tuvo una, ni dos o tres líneas telefónicas chuzadas sino 17 números interceptados. Ello porque los seguimientos se extendieron a igual cantidad de interlocutores habituales o esporádicos del magistrado en cuestión. Por igual hay casos que pasan de lo paradójico a lo paranoico, como aquel en que la demora en un vuelo aéreo, causado porque algún jurista había comprado un electrodoméstico que requería trámites aduaneros, fue reportado por los autores del seguimiento como una posible operación en busca de narcóticos.

Tesis "lunática"

Y hablando de la Corte Suprema, un magistrado de ese alto tribunal calificó como "lunática" la tesis que ha circulado en algunos corrillos políticos de que un bloque de juristas sería partidario de dilatar la escogencia del Fiscal General por tres meses más, con el fin de que sea el Presidente de la República que asuma el 7 de agosto próximo el que pida la desintegración de la terna presentada por el actual mandatario y proyecte una nueva baraja de candidatos para la jefatura del ente acusador. Según el magistrado consultado, no hay propuesta sobre la mesa, lo que pasa es que las rondas de votaciones que se han realizado sobre la terna vigente no han proyectado un candidato con los 16 votos que se requieren para ser designado en la Fiscalía.

¿Acción de cumplimiento?

El informe publicado ayer por este diario, respecto de que todavía no se ha oficializado en la Corte Constitucional el fallo que declaró inexequible la ley que convocaba a un referendo para abrir paso a la segunda reelección presidencial, generó distintos impactos. Por ejemplo, uno de los parlamentarios del Polo indicó que instruyó a su equipo jurídico para evaluar la posibilidad de interponer una acción de cumplimiento para forzar a la Corte a publicar el fallo, puesto que del mismo dependen los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra más de 80 representantes a la Cámara que votaron el proyecto de referendo, así como la causa penal que lleva la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral contra los integrantes del Comité Promotor.

El Nuevo Siglo / 22 de abril de 2010