La audiencia de imputación de cargos a cinco ex funcionarios del DAS, por el escándalo de las interceptaciones ilegales, marcó en días recientes el campanazo de un nuevo choque entre la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia. En esa diligencia, la Fiscalía General no solo acusó a la cúpula del organismo de inteligencia de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad, sino que sostuvo la hipótesis de que las 'chuzadas' estuvieron dirigidas por altos funcionarios de la Casa de Nariño.

Esta interpretación de los hechos generó una grave afirmación del magistrado Jaime Arrubla, actual cabeza de la Corte: los seguimientos ilegales del cuerpo de inteligencia adscrito al Ejecutivo configurarían una "conspiración de Estado" contra el alto tribunal. En respuesta, el Gobierno contestó en varios frentes: mientras el vicepresidente, Francisco Santos, alegó que la interinidad en el ente investigador no "daba las garantías" para un proceso de estas implicaciones, el ministro del Interior, Fabio Valencia, negó que el Gobierno hubiera ordenado las interceptaciones contra magistrados, opositores o periodistas.

Por su parte, el propio presidente Álvaro Uribe rechazó la versión de la Fiscalía, además de decir que metía "las manos al fuego" por varios de los implicados. También cuestionó la presencia del magistrado César Julio Valencia -con quien el mandatario tiene una pelea judicial- en la audiencia como una "forma de ejercer presión". Este último respondió anunciando una querella contra el secretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, por supuesta injuria al publicar en un comunicado de la página de Internet de la Presidencia la denuncia de Uribe contra el jurista. Todo esto en medio del sexto aplazamiento de las votaciones del alto tribunal, que ya superaron la veintena, para escoger el nuevo Fiscal General tras más de ocho meses sin llegar a una definición.

Semejante cadena de enfrentamientos demuestra que, tras una temporada de quietud, ha vuelto el 'choque de trenes' que ha marcado las relaciones entre el Presidente y las cortes. Las condiciones de ambos poderes, sin embargo, son muy diferentes de las del 2009. La Fiscalía ya aceptó la hipótesis sobre una operación criminal de altísimo nivel para infiltrar a los jueces, que involucraría a funcionarios de la Casa de Nariño.

Entre la tesis de que unas interceptaciones habrían sido promovidas por 'manzanas podridas' en el DAS y el alegato de que existió una conspiración sistemática con participación de personal cercano al Primer Mandatario, la diferencia en materia política y penal es del cielo a la tierra. La defensa a la que tiene derecho el Ejecutivo debe, entonces, distinguir entre las acusaciones sobre un supuesto sesgo de la Justicia en su contra y las imputaciones personales que los funcionarios deben aclarar. "Meter las manos al fuego" es precisamente combinar lo político con lo penal.
Pero, al mismo tiempo, de nada sirve profundizar en las viejas reyertas. Por tal razón, la Corte no tiene ninguna excusa para seguir manteniendo irresponsablemente a la Fiscalía en situación de interinidad. Más allá de la acusación proferida con respecto a las interceptaciones, este hecho no da patente de corso para que los magistrados crucen límites como poder judicial y entablen más peleas con el Jefe del Estado. En cuanto al DAS, las instancias judiciales deben conducir a que se sepa la verdad sobre quiénes y desde qué círculos escribieron este capítulo oscuro de la democracia colombiana. Mientras eso ocurre, hay que seguir avanzando en el fortalecimiento de un sistema judicial que tiene muchas falencias y que debe dejar atrás las rencillas personales, pues no hay que olvidar el dicho que afirma que los hombres pasan, pero las instituciones permanecen.

El Tiempo / 16 de abril de 2010