El que la Corte Suprema de Justicia haya dado prioridad en los primeros tres días de esta semana al tema de las interceptaciones ilegales de comunicaciones perpetradas por personal del DAS a varios magistrados, alargó el suplicio de varios congresistas y ex congresistas que están pendientes de una decisión que tiene que tomar la Sala Penal en torno de sus respectivos procesos por parapolítica. En los pasillos del alto tribunal se asegura que habrá dos medidas de aseguramiento e incluso se han mencionado varios nombres de posibles afectados. Sin embargo, entre la indignación por las nuevas revelaciones en el escándalo de las chuzadas y la dilatada elección del Fiscal General, a los magistrados no les ha quedado tiempo de definir la situación jurídica de los dos parlamentarios o ex parlamentarios en la mira.

El Nuevo Siglo / 14 de abril de 2010